La comparación de internet con el ágora clásica se queda corta. Es mucho más. En ella se cruzan diariamente millones de datos, aludes de información, a toda velocidad. Los juicios son rápidos y contundentes. Las maniobras dilatorias o diversionistas de los poderes públicos denunciadas antes de ser operativas. El tiempo real no perdona. El silencio se hace insostenible y, por último, hay que dar la cara, aunque sea por medio del plasma.
Este cartel, encontrado en la red, resume a la perfección las razones por las que Mariano Rajoy debe dimitir. Palinuro viene enunciándolas hace tiempo: a) ilegitimidad de origen; b) ilegitimidad de ejercicio; c) recurso sistemático a la mentira; d) corrupción estructural. Con todo esto a su espalda el gobierno debiera haberse ido a su casa hace tiempo. Pero no ha sido así. Rajoy ha empleado una táctica doble: de un lado silencio sobre la corrupción. De Bárcenas, el innombrable, no se habla. De otro, venga, a concentrarse en los datos, las cifras y la ímproba tarea de sacar a España de la crisis.
Pero no le ha funcionado. De Bárcenas no para de hablarse y el único que no se da por enterado es Rajoy siendo así que la autenticación de sus papeles lo pone más cerca de ir a declarar ante el juez si recibió o no esos dineros en negro que en ellos se consignan. Y en cuanto a los datos y cifras, el consejo de ministros de ayer y la inenarrable comparecencia de tres de ellos, han sellado el fracaso total del gobierno. El que iba a reducir el paro cuando gobernase reconoce ahora que, a la hora de irse, en 2015, habrá más desempleo que al comienzo. De brotes verdes, nada. De recuperación en 2014, menos. Y, además, sus previsiones más optimistas sobre la reducción del déficit son falsas porque, aunque parezca increíble, siguen partiendo de la mentira de que el de 2012 fue del 6,2% del PIB cuando la Comisión ha dicho que es del 10,2%. Solo este hecho da una idea del valor que el gobierno concede a sus propias predicciones.
Fracaso rotundo en todos los frentes que los tres ministros comparecientes se encargaron de subrayar para regocijo de las redes sociales utilizando formas de neolengua verdaderamente cómicas para disimular más incumplimientos de promesas, más exacciones, más restricciones. Y eso que no tuvieron que disimularlo todo pues, al vivir pensando en los medios, probablemente se han dejado lo más duro para la semana que viene, a fin de no encender más el próximo 1º de mayo. Todo lo cual explica la bajísima valoración ciudadana de este gobierno en su conjunto y sus ministros individualmente (muy mal) considerados. Realmente, el crédito y el prestigio de la autoridad son inexistentes.
No es de extrañar que la petición que circuló hace unas fechas por las redes pidiendo la dimisión de Rajoy fuera la que más y a mayor velocidad creciera, llegando a alcanzar más de un millón de firmas en una semana. Entre ese más de un millón habrá algunos cientos de miles de votantes del PP. El país está harto del presidente, de sus marrullerías, sus silencios, sus embustes.
Hasta los suyos lo abandonan. La portada de El Mundo es elocuente. Viene a decir que el gobierno tira la toalla a dos años y medio del fin de la legislatura. El hombre providencial que iba a restaurar la confianza del extranjero en España ha perdido la de sus compatriotas; el malévolo ministro que pedía dejar caer a España que ya la levantarían ellos no levanta ni su ánimo; la encargada de materializar el milagro de 1.500.000 de empleos gracias a la Virgen del Rocío y por intermedio de Pons, manda al paro a otro 1.500.000 de personas. Y todos ellos reunidos en consejo no tienen la menor idea de qué quepa hacer.
El gobierno ya solo cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y las está empleando a fondo contra la disidencia que, por otro lado, se extiende y multiplica a ojos vistas. Represión, endurecimiento del código penal son las únicas respuestas de la derecha autoritaria ante un conflicto social amplio y profundo motivado por sus medidas de tipo claramente antipopular, hechas de recortes, restricciones y privatizaciones. Un expolio.
A todo esto hay aquí una noticia especialmente desagradable. Según parece, el gobierno paga dietas de unos 85 euros diarios a los antidisturbios a los que emplea para cargar contra la gente, hostigarla, identificarla arbitrariamente. Esto plantea un problema ético muy serio que debe tratarse en el parlamento, esto es, el hecho de que la autoridad pueda estar empleando la fuerza pública como una guardia pretoriana y de carácter mercenario. Eso es muy fuerte.
Añádase que los gobernantes proceden de un partido literalmente minado por la corrupción. Prácticamente ya todos los dirigentes reconocen que estuvieron años cobrando jugosos sobresueldos que, si no son directamente ilegales, son inmorales. Hasta Aznar, que se puso bravo cuando El País dio a entender que había cobrado sobresueldos y se querelló contra él, ahora da la callada por respuesta cuando el dato concreto parece ser que sí, que cobró substanciosos sobresueldos disfrazados con nombres caprichosos como "gastos de representación". Y ya no hablemos del presidente, bajo sospecha de haber participado en el generoso reparto de fondos B de Bárcenas. Es inconcebible que siga siéndolo del gobierno alguien en tales circunstancias.
