Todo el mundo está esperando el hachazo a las pensiones del próximo consejo de ministros. Recuérdese que Rajoy las exceptuó expresamente de sus políticas de recortes al decir solemnemente antes de las elecciones Le voy a meter la tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación. De la suerte que están corriendo la sanidad y la educación estamos todos bien informados. Ahora van a pasar por la piedra las pensiones pues no iban a quedar estas libres de la compulsiva tendencia de Rajoy a la mentira. No es que vayan a recortarlas, pues eso ya lo han hecho. Es que van a suprimirlas, a quitárselas a la gente. Van a sujetarlas a cálculos de llamada "sostenibilidad" en los que campeará, como pasa siempre en estos casos, la corrupción, la codicia, el desmedido afán de lucro. El plan consiste, dicho claramente, en considerar las pensiones como un coste de producción y, con los costes, lo que hay que hacer, es reducirlos y, a ser posible, suprimirlos.
No ha habido hasta la fecha en España desde la muerte de Franco un gobierno que haya acometido reformas y modificaciones tan drásticas, tan (pretendidamente, al menos) irreversibles con tan escasísima base de legitimidad. Desde luego, él mismo apunta al hecho formal de estar absolutamente legitimado por la mayoría absoluta en las elecciones de 20-N de 2011. Desde entonces ha quedado bien claro que, en realidad, es un gobierno ilegítimo de origen y de ejercicio. De origen porque ganó las elecciones mintiendo, según reconoce paladinamente su presidente. De ejercicio porque su acción se ejerce por vía de decreto, con un ninguneo absoluto de la instancia parlamentaria que, de todas formas, está maniatada precisamente por dicha mayoría absoluta.
Pero esa falta de legitimidad del gobierno para llevar a cabo sus drásticas reformas no se debe solamente a estos dos momentos dentro de la legalidad sino a la quiebra de la misma legalidad. El presidente está bajo sospecha de haber cobrado dineros irregulares, sospecha que no ha disipado en modo alguno salvo para decir que se trata de acusaciones falsas, pero sin acudir por ello a los tribunales. Hasta tal punto es grave la sospecha que hay quien supone que Rajoy mantiene un mutismo absoluto porque está siendo víctima de una extorsión de un presunto delincuente. El gobierno en pleno, algunos de cuyos ministros aparecen salpicados por asuntos de corrupción, descansa sobre un partido que está metido hasta las orejas (si es que los partidos las poseen) en una vasta trama de corrupción que afecta a decenas de cargos públicos y de dirigentes, muchos de los cuales cobraban sobresueldos presuntamente ilegales como parte de una supuesta red de financiación ilegal del partido que viene ya de fines de los años setenta. Una corrupción estructural.
Que ese gobierno y ese partido pidieran primero y aplicaran después recortes de todo tipo en los ingresos de la población mientras su dos principales dirigentes, Rajoy y Cospedal, se subían sus propios sueldos en más de un veinte por ciento literalmente clama al cielo. Su descaro, su desvergüenza, su falta de sensibilidad y comprensión hacia los problemas de la gente, su sumisión a las directrices del exterior acabarán provocando una revuelta social.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
