El 1º de febrero de 1980 dos criminales, Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, secuestraban, torturaban y asesinaban de tres disparos en la cabeza a una chica de diecinueve años. Se llamaba Yolanda González, era vasca y vivía en Madrid, en donde estudiaba formación profesional y militaba en un grupúsculo trostkista. El frío relato de los hechos en Wikipedia da una idea de la época y ayuda a comprender el espíritu de la transición: los militantes de Fuerza Nueva andaban asesinando gente, como habían hecho -ellos u otros de la misma vena- con los abogados de Atocha, con la connivencia, cuando no la activa ayuda de la policía.Hoy, treinta y tres años después de aquel crimen, nos enteramos de que el ministerio del Interior tiene contratado al asesino de Yolanda como asesor o instructor o adoctrinador de la policía y la guardia civil. Tras haber cumplido de forma bastante accidentada una parte de la condena original, el sujeto ha mudado de nombre y, entre otras, realiza las colaboraciones señaladas y alguna más para ocasionales autoridades del PP. Aquí se plantea la cuestión de qué sucede con los delincuentes cumplidos y su reinserción social. Seguramente. Pero el delito de Hellín, sobre ser especialmente odioso, tiene unos elementos de ideología política imposibles de ignorar. El asesinato de Yolanda fue un crimen político, un acto de terrorismo típicamente político. Que yo sepa, Hellín no ha pedido perdón ni mostrado arrepentimiento por el crimen cometido. ¿Acaso esas exigencias se plantean únicamente a los etarras o proetarras? Con tanta mayor razón aquí porque no existe garantía ninguna de que el Hellín de extrema derecha no aproveche su posición para orientar ideológicamente las actividades de la policía o, incluso, para cometer una nueva fechoría. La muestra de arrepentimiento tampoco sería una garantía, pero es de todo punto exigible.
