diumenge, 10 de febrer del 2013

Un país no puede estar gobernado por un presunto defraudador.

Las declaraciones de la renta de Mariano Rajoy se publicaron parcialmente ayer, una semana más tarde de anunciarlo. En una semana hay tiempo suficiente para amañar hasta la piedra Rosetta. La fuerza de estos gestos radica en publicar los papeles en el momento en que se dice pues, de no ser así, cabe sospechar que se hayan manipulado, como, de hecho, lo han sido estos. La prueba de la manipulación está en los metadatos del fichero de la declaración. La publicación, además de posiblemente amañada, es incompleta pues solo trae las declaraciones desde 2003, siendo así que los apuntes incriminatorios de Bárcenas son anteriores a esa fecha. Es decir, las declaraciones de la renta de Mariano Rajoy:
  • No disipan las dudas sobre su relación con Bárcenas y los presuntos cobros en B.
  • Al contrario, las aumentan. Faltan las anteriores a 2003.
  • Las declaraciones a Hacienda no coinciden con las del Congreso.
  • Prueban que Rajoy cobró tres sueldos indebidamente en 2004-2005.
    • Que estuvo años sin pagar la seguridad social.
    • Que mintió en 2007 cuando dijo que ganaba 8.000€ al mes, siendo así que eran 14.000.
    • Que se subió el sueldo del partido en un 27% entre 2007 y 2011.
    • Que se saltaba la Ley de Incompatibilidades cobrando del gobierno y del partido.
  • A día de hoy cobra dietas indebidas y vive en La Moncloa, llamada La Quinta del Tuerto.
  • Sigue sin saberse de cierto si cobra y cuánto del registro de la propiedad de Santa Pola.
  • Su patrimonio se ha duplicado en los últimos años sin que quede claro por qué.
  • Diciendo lo contrario, ha acumulado una fortuna al tiempo que impone sacrificios a los demás.

Es obvio que una democracia moderna en un Estado de derecho no puede estar gobernada por un sujeto bajo sospecha de corrupción y no de una u otra sino de todas las corrupciones posibles, cobros en B, incompatibilidades, ingresos ilícitos, impagos a la seguridad social. Es obvio igualmente que sus papeles son una maraña de trampas y sospechas que, lejos de desvincularlo de los de Bárcenas, los hacen complementarios.

La falta de ética, de pundonor, de honradez del personaje es de sobra conocida y lo hará encastillarse en el silencio. Con la ayuda de sus periodistas a sueldo (de Bárcenas) y los medios públicos convertidos en máquinas de propaganda, tratará de desactivar las acusaciones fabricando pruebas falsas, acusando sin ellas a la oposición, inventándose cortinas de humo, negándose a comparecer ante la prensa y a dar explicaciones en el Parlamento. Explicaciones que la oposición tendría que estar pidiendo insistentemente. No hay duda de que el inquilino de la Quinta del Tuerto seguirá sin aparecer por el Congreso de los Diputados, continuará gobernando mediante decreto-ley e instruirá al rodillo de la mayoría absoluta del ¡que se jodan! para que yugule toda posibilidad de debate, de escrutinio público, de investigación de sus procelosas cuentas. El futuro inmediato es, si no se remedia, el silencio: el gobierno no hace declaraciones, el Parlamento no debate, la Fiscalía no investiga y los ciudadanos se callan y se aguantan que para eso ganaron las elecciones estos sujetos con la impagable ayuda del PSOE e IU, cada uno con sus rollos.

Hace falta oponerse a ese intento dictatorial. Hay que obligar al gobierno a comparecer en el Parlamento. Hay que convertir este en una cámara de resonancia ante la opinión pública. Hay que forzar al ocupante de la Quinta del Tuerto a aclarar sus cuentas en sede parlamentaria. Es obligado presentar una moción de censura contra un gobierno moralmente (y es muy posible, también legalmente) deslegitimado para seguir un día más. La moción se perderá, cierto; pero el país escuchará qué tiene que decir Rubalcaba sobre las cuentas presuntamente fraudulentas de Rajoy y cómo se defiende este, si puede.

Además, debe pedirse una comisión de investigación parlamentaria para aclarar las cuentas de Rajoy. Ya se sabe que tampoco saldrá; pero es preciso pedirla y explicar en los medios por qué se pide, para que trascienda asimismo en el extranjero:

Un país no puede estar gobernado por un presunto defraudador.

Todo lo anterior sin perjuicio de que se lleven los dichos papeles al juez. Hay materia

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