Rubalcaba y la lucha contra la corrupción.

Vale. Esto ya es otra cosa. Medidas concretas en lugar de nebulosos pactos, sobre todo ese último disparate de un "pacto contra la corrupción"... con el PP. Ahora descendemos a la tierra y hablamos de cosas prácticas, factibles y razonables. Rubalcaba propone cuatro medidas de lucha contra la corrupción sin demérito, entiendo, de otras que puedan sugerirse. A Palinuro también se le ocurren algunas. Por falta de medidas no va a quedar. Las de Rubalcaba, comentadas, son las siguientes:

Primera. Prohibir las donaciones de las empresas a los partidos. Muy correcto. Solo pueden donar las personas físicas con nombre y apellidos. Yo suprimiría todas las donaciones. Que los partidos se sufraguen con las cuotas de los militantes y los fondos públicos a que sean acreedores según criterios objetivos de representatividad. Los partidos deben competir con la fuerza de las ideas; no del dinero.

Segunda. Creación de una Oficina Anticorrupción. También Ok., cómo no. Pero suena un poco a querencia patria: creamos un cuerpo nuevo y lo dotamos de medios fetén. Eso de los inpectores del máximo nivel y de los hombres de negro viene a ser como los hombres de Harrelson o los incorruptibles. Por lo demás, ya tenemos la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué tal si en vez de duplicar el órgano dotamos de mayores medios e independencia el que ya tenemos en funcionamiento? Y aquí está el punto débil de todos estos entes: dependen de la voluntad política del gobierno de turno, que puede facilitar u obstaculizar su labor. Una de las primeras medidas del gobierno Rajoy fue destituir a los inspectores que habían investigado la Gürtel en Baleares. En lugar de crear más órganos, yo obligaría a todas las administraciones públicas a volcar sus cuentas en la red. La ejecución de los presupuestos, compromisos, licitaciones, etc, en abierto al alcance de todos los ciudadanos. Asimismo, habilitaría a la Fiscalía anticorrupción para recibir las denuncias de los administrados.

Tercera. Unificación del conocimiento de las causas de corrupción en la Audiencia Nacional. Algo habrá que hacer, sí, para evitar la presión caciquil sobre las jurisdicciones locales y el caos procesal que suele seguirse de los aforamientos. Pero no es nada seguro que la solución sea la Audiencia Nacional. Antes al contrario, quizá habría que pensar en suprimirla porque, aparte de su poco recomendable antecedente, rompe la unidad de jurisdicción. A lo mejor también fuera conveniente reflexionar sobre la figura misma del aforamiento. Surgió como mecanismo de defensa de los representantes populares frente a las intromisiones del poder político tiránico pero, en la práctica, solo se usa como mecanismo de estrategia procesal. Incluso como medio para inmunizarse frente a la acción de los tribunales, caso Ruiz Mateos en España o Berlusconi en Italia. En lugar de la Audiencia Nacional yo ampliaría las competencias de los juicios por jurado e invertiría lo que fuera preciso para concienciar a la ciudadanía de que es ella quien debe juzgar los delitos que se cometen contra ella. Por eso era tan necesaria la Educación para la ciudadanía y por eso se la ha cargado la derecha.

Cuarta. Castigos a las empresas que corrompen. Imposibilidad de contratar con la administración pública para las empresas cuyos directivos hayan delinquido y por el tiempo de su condena. Perfecto.

Son propuestas sensatas. Pueden debatirse, matizarse; son constructivas. Pero falta al menos una que meta en el cuadro de la corrupción no solo las administraciones públicas y las empresas sino un tercer actor, un go between indispensable en la casi totalidad de las corruptelas del tamaño que sean: los partidos políticos. Estos deben ser objeto de particular escrutinio por razones obvias. A ver si somos capaces de levantarles la losa del desprestigio. Además del carácter democrático de su organización y funcionamiento que la Constitución vigente les impone con absoluta candidez, los partidos, como las administraciones, deben volcar en la red en abierto todos sus movimientos de cuentas hasta el último denario. Así como las declaraciones de rentas y patrimonios de tod@s quienes trabajen para el partido, política o laboralmente. Pero, además, los partidos deben someterse a auditorias periódicas externas acerca de la optimización de los recursos para evitar la tendencia al enchufismo y la oligarquía que se da en todas las estructuras partidistas.

La corrupción no es solamente regar veintidós millones de euros en Suiza. También lo es enchufar a un pariente. Y la lucha contra la corrupción, como la caridad bien entendida, empieza por uno mismo.

A propuesta de una lectora añadiría una ampliación del plazo de prescripción de delitos de corrupción a veinte años. Ella los querría imprescriptibles. Quizá. Irrita ver cómo los compañeros de partido del(a) corrupt@ pregonan su inocencia al haberse archivado el caso ocultando que, al haberlo sido por prescripción, no se trata de un(a) inocente, sino de un(a) delincuente a quien no se ha pillado a tiempo. 

(La imagen es una foto de Rubalcaba 38, bajo licencia Creative Commons).