Los últimos acontecimientos en Madrid y otros lugares de España son muestra de un deterioro alarmante de la democracia. La desmesurada violencia policial en la represión de un 25S pacífico; el hecho de que los agentes fueran sin identificar, en contra de la ley y que sus mandos se jacten de ello; la brutalidad indiscriminada desatada por las provocaciones de los propios agentes disfrazados de manifestantes, contra toda norma moral; las identificaciones aleatorias e intimidatorias; las detenciones discrecionales; el hostigamiento y amedrentamiento sistemático de la población, todo ello prueba una neta involución política hacia formas políticas autoritarias, casi dictatoriales.
Y la consecuencia más evidente es la generalizada conciencia de indefensión de la ciudadanía frente a las arbitrariedades del poder, lo cual produce un estado de creciente irritación popular ante la que la autoridad solo responde intensificando la violencia.
El gobierno salido de las elecciones arrastra un déficit de legitimidad sobrevenida al haber incumplido clamorosamente todo el programa en virtud del cual se lo eligió. Por este motivo tiene tanta autoridad para gobernar como el mancebo de la botica. Sabedor de esta carencia de legitimidad, el poder no se molesta en guardar las apariencias, prescinde de todos los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho y actúa a golpe de decreto, sin someterse a control alguno. El Parlamento, vaciado de contenido por la mayoría absolutísima del PP, no pinta literalmente nada. Las demás instituciones de fiscalización, como la Defensora del Pueblo, por ejemplo, están al servicio incondicional del gobierno. Solo los tribunales conservan un remedo de independencia, pero es de efectos tardíos, inseguros y quizá poco eficaces. Cuando el ministro Wert mantiene la subvención a los centros educativos segregados por sexo en contra de una sentencia del Tribunal Supremo hay poca duda sobre lo que aquí se dice.
El círculo se cierra con el control del gobierno sobre los medios de comunicación, total en el caso de los públicos -que actúan como unidades de agitprop del PP- y casi total en el de los privados. Un control que, con los esfuerzos de una batería de plumillas e ideólogos, fabrica una realidad diaria tipo Potemkin, esto es, simulada, ficticia. Una realidad en la que el pueblo que protesta contra el golpe de Estado de la banca es presentado por la autoridad como golpista, en que los escasos diputados que denuncian la violencia institucional son acusados de violentos y en la que son los manifestantes pacíficos como los de las fotos los que atacan a la policía.
Y no hay mecanismos de defensa.
Gracias a las redes sociales todo el mundo puede ver lo que ha pasado, lo que está pasando, cómo la policía va sin identificar, se extralimita de continuo, carga brutalmente y maltrata a la ciudadanía que está ejerciendo un derecho. Luego, la delegada del gobierno ocupa los medios y miente con todo descaro, reduce los manifestantes a la décima parte, los insulta tratándolos de golpistas, asegura que atacan a la policía y que esta actúa correctamente. El gobierno ampara y sostiene estas patrañas y los medios de comunicación al servicio de la autoridad, esto es, casi todos, propalan los embustes, los infundios, las calumnias y son cómplices del poder en la tarea de criminalizar la oposición extraparlamenteria y parte de la parlamentaria, en concreto el puñado de diputados que ha tenido el coraje y la honradez de sumarse a los manifestantes.
La iglesia, como siempre que la derecha actúa en defensa de sus intereses, calla, y la gente tiene que informarse en las redes sociales y los medios extranjeros, hoy al alcance de la mano gracias a internet. Pero lo hace y eso se traduce luego en una acción política práctica extraparlamentaria que, aunque la delegada Cifuentes y quienes están tan ciegos como ella la vean como un problema de orden público, tiene un alcance inmenso, cada vez más de manifiesto. El sábado vuelve el pueblo soberano a rodear el parlamento para protestar por una forma de hacer política que reputa antidemocrática, injusta e inmoral. Lo hace de modo espontáneo, sin organización jerarquizada porque los partidos no pueden ya canalizar las aspiraciones de los ciudadanos, unos porque, siendo los partidos dinásticos, están comprometidos con la situación que se impugna y los otros porque tienen perfiles ideológicos restrictivos, casi sectarios, que no invitan a seguirlos. El poder reacciona con desmesurada violencia frente a este movimiento pacífico de desobediencia civil y, en su necia locura no se da cuenta de que está alimentándolo. Las instituciones que habían de servir de contrapeso son cómplices del atropello y, aunque ya sea claro que el movimiento es imparable, lo es por el sacrificio de la gente, dispuesta a padecer la violencia del poder, indefensa.
Pero no debiera ser así. Debiéramos encontrar mecanismos de defensa de la protesta tanto colectiva como individualizadamente, que pudieran enfrentarse al poder desde una posición de altura moral y con la legalidad en la mano, para pararlo, reducirlo y proteger el movimiento.
Por ello propongo celebrar una conferencia de organizaciones de la izquierda, de toda la izquierda, incluido el PSOE, para consensuar la constitución de un Tribunal Cívico, compuesto por media docena de personas de indudable integridad moral y altura intelectual que conozca los casos de conculcación de los derechos de los ciudadanos a manos de las autoridades. La cuestión sería ponerse de acuerdo en los nombres, cosa que no debiera ser difícil por consenso y serviría como un primer paso claro y práctico en pro de la unidad de la izquierda. Pienso en nombres como los de José Luis Sampedro o Federico Mayor Zaragoza, gente que dé la talla y goce de merecido reconocimiento.
La función del Tribunal Cívico será dictaminar sobre los casos que investigue, los abusos, las arbitrariedades, poniéndolos en conocimiento de los medios y también de los tribunales de justicia nacionales e internacionales. El Tribunal Cívico debe disponer de un cuerpo o gabinete de letrados que recurra permanente y sistemáticamente a los órganos judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos para oponerse individual y colectivamente a las decisiones de un poder que no quiere límites.
Dado que la Defensora del Pueblo defiende al gobierno que ataca al pueblo, que el Parlamento se limita a convalidar las políticas antipopulares del gobierno y que los tribunales de justicia no son operativos en el control de las desmesuras gubernativas, poner en pie un organismo de este tipo es un gran paso en la actividad de proteger un movimiento popular, espontáneo, de crítica y regeneración del sistema político y en defensa de un orden más humano y justo aquí y ahora, no en un hipotético futuro.
(Las imágenes son dos fotos encontradas en Twitter que recogen momentos de la represión policial del 25S. No he visto que tuvieran derechos reservados y he asumido que están en creative commons. De no ser así, un simple aviso en el contacto de Palinuro bastará para retirarlas).
