Los términos en el título de la famosa obra de Carl Schmitt siguen acotando el campo del debate político esencial, hoy igual que ayer. Schmitt hizo una crítica despiadada de la República de Weimar y hasta tuvo en proyecto una propuesta de reforma de su Constitución que luego abandonó por la vía más expedita de los nazis, a cuyo partido se afilió en 1933, fecha temprana. Los hitlerianos dieron buena cuenta de tal Constitución dejándola fuera de juego de un plumazo con una ley de plenos poderes, la Ley para luchar contra el estado de necesidad de la Nación y el Reich, de 24 de marzo de 1933. De golpe se suprimía la legalidad y la legitimidad de la República y se instauraba la legitimidad de la Dictadura que descansaría sobre su legalidad.
Esa tensión está tan viva como siempre. Lo ideal, según parecer mayoritario, es que legalidad y legitimidad coincidan, esto es, que lo que sea legal sea también legítimo, es decir, justo. Pero eso es lo ideal. En la realidad, ¿puede haber leyes que no sean justas, que no sean legítimas? Cientos. Las leyes raciales de Nürnberg, por ejemplo, que Carl Schmitt aplaudió con entusiasmo. Radicalmente injustas. Nulas de pleno derecho. Pero estuvieron en vigor, fueron la legalidad, una legalidad ilegítima. ¿Se deben obedecer las leyes injustas?
Los legalistas no lo dudan. Las leyes en vigor no admiten desobediencia. No hay ámbito moral, de conciencia, en el derecho positivo. Las leyes se cumplen y el que tenga quejas, cumpla primero la ley y plantee luego sus cuitas en el negociado correspondiente.
Los legitimistas, en cambio (entendiendo por tales no los legitimistas monárquicos sino aquellos que postulan que el orden político, el legislador, debe tener un fundamento moral) tampoco dudan lo contrario. La obediencia a la ley está sometida al dictado de la conciencia. Si la ley es injusta o inicua, no debe obedecerse por muy en vigor que esté.
Es la tensión entre el positivismo de la legalidad y el subjetivismo de la legitimidad. Ningún orden político puede tolerar que se desobedezca la ley y toda desobediencia debe ser castigada. Pero es obvio que habrá y hay momentos en la historia en los que se darán desobediencias a la ley por razones de conciencia y tratar estas como delitos comunes es un error que tarde o temprano se paga.
La ley no puede tolerar la desobediencia civil. Pero, en ciertas circunstancias de necesidad, la desobediencia civil será una realidad, tanto más peligrosa para un sistema político cuanto que parte de una evidente superioridad moral. El desobediente civil, a diferencia del delicuente, no se lucra con su acto ni trata de evitar la pena que el ordenamiento prevé para su infracción.
Y, en afecto, ahí tenemos a Juan Manuel Sánchez Gordillo diciendo muy tranquilamente que se sentirá orgulloso de ir a la cárcel.
Sin embargo, un sistema que encarcela a Sánchez Gordillo pero indulta a un alcalde prevaricador, a un banquero convicto y confeso de no recuerdo qué ilícito, mantiene en la calle a malversadores condenados por los tribunales de justicia y amnistía a los grandes defraudadores, tiene un serio problema de legitimidad. El orden social es injusto y eso es lo que la desobediencia de Gordillo ha puesto de manifiesto.
La crisis-estafa sigue su curso, cada día un poco más negro y amenazador que el anterior. La desobediencia civil de Sánchez Gordillo abre la puerta a un debate sobre la legitimidad de las decisiones que están adoptándose. A eso apunta, entiendo, la petición de referéndum de los sindicatos. Los partidos también tendrán que pronunciarse. Y el asunto es delicado. Izquierda Unida va por la vía de solidarizarse con la desobediencia de Gordillo, como un acto simbólico con lo que parece querer limar importancia al hecho, si bien la tiene precisamente porque es simbólico. El PSOE a su vez no se ha pronunciado formalmente, aunque andan los jefes diciendo por ahí que la situación es muy mala pero que el asalto al supermercado, como si fuera el Moncada, no es la vía. Es pasmoso a qué velocidad pierden los socialistas el contacto con la gente. Si esta no es la vía, ¿cuál es? El PSOE está defendiendo con uñas y dientes los 400€ de los parados indefinidos, lo cual le honra. Si por casualidad fracasara, ojalá no, ¿cuál será la vía para las 200.000 personas que se quedarán sin ingreso alguno? ¿La mendicidad?
(La imagen es una foto de comcinco, bajo licencia Creative Commons).
