La conquista del Estado.

Continúa la voladura acelerada del Estado del bienestar ante la perplejidad (y cierto inmovilismo fatalista) de la población. Consejo de ministros tras consejo de ministros los españoles reciben un aluvión de castigos, como si fueran las plagas de Egipto. Al mismo tiempo, como todos esos castigos, recortes, mermas, sisas, ajustes y socaliñas contradicen de plano las benéficas promesas que el PP hizo en la campaña electoral, el prestigio del gobierno cae en picado lo que, a su vez, es parte de la pesadilla porque esas torpeza, agresividad, impopularidad del gobierno afectan negativamente la calificación internacional de España.

A estas alturas ya hasta los monaguillos recitan el rosario de incumplimientos de Rajoy, desde el de los impuestos (IRPF) que no iban a subir hasta los impuestos (IVA) que no iban a subir, pasando por la salud del sistema de salud pública, la educación, otros servicios sociales, las pensiones, etc. No queda promesa del PP que el gobierno del PP no haya roto. Empezando por aquella de que, llegando el PP al poder, la confianza en España se restauraría sin más, siendo así que se ha deteriorado a extremos insoportables, con rebaja de la calificación, aumento del interés de la deuda, por no hablar del paro, primer termómetro de la eficacia de la reforma laboral. El gobierno ya no hereda parados; los fabrica.
¿Cómo explica el gobierno esta lamentable circunstancia? Señalando el carácter excepcionalmente grave de la situación en la que el país vive bajo la amenaza de la quiebra y la intervención. Es decir invocando lo que puede llamarse un estado de excepción económico que, en último término no es más que una variante del estado de excepción de Agamben y los suyos. La forma de dominación de la burguesía es convertir en normalidad el estado de excepción, acostumbrarnos a ello. Puede ser. Hay mucho que discutir en esa idea.

Lo evidente sin embargo es que, so capa de atender a una situación de excepción, se toman medidas que van mucho más allá de la mera solución técnica de problemas que permita resolver la crisis; se toman medidas de calado ideológico, que afectan a las formas de legitimidad de Estados concebidos como sociales y democráticos de derecho, al valor de sus instituciones, a la conciencia moral y jurídica de la época (replanteando el régimen mismo de los derechos sociales y económicos por ejemplo), a los consensos básicos de convivencia social, a la idea y la práctica del concepto de los bienes públicos.

En realidad este programa es una especie de reconstrucción de la propuesta de La Conquista del Estado, del jonsista Ramiro Ledesma Ramos. La derecha vuelve a la conquista del Estado, pero no de frente y por asalto, como pretendían sus antecesores fascistas, que abominaban de la democracia, sino a través de esta misma a fin de entrar en el Estado con el apoyo popular para descapitalizarlo, mermarlo, deslegitimarlo, privatizarlo o corromperlo. Es de esperar, no obstante, que este proceso de expolio de lo público levante protestas más o menos tumultuosas y, quizá, desórdenes públicos. En previsión de tales incidentes, el gobierno viene proponiendo reformas de la legislación penal, convirtiendo en delito lo que hasta ahora no lo era, endureciendo las penas en todo caso y actuando administrativamente con una contundencia fuera de toda medida y razón. Detenciones en serie en los domicilios, identificaciones arbitrarias de los ciudadanos pacíficos en lugares públicos, etc son manifestaciones de un comportamiento autoritario amparado en la conciencia del estado de excepción político y jurídico.

Ante esto la izquierda tiene poco que decir y menos que hacer, dada la aplastante mayoría absoluta del partido conservador. Para cuando piense una estrategia que le reporte una victoria electoral quizá se encuentre teniendo que batallar por el derecho de huelga.

(La imagen es una foto de La Moncloa, en el dominio público).