El principio de autoridad se ha roto en la Comunidad Autónoma valenciana. La autoridad basada en la integridad moral, el servicio y la competencia. Camps ha mentido durante dos años al asegurar que pagó unos trajes que ahora reconoce haber recibido regalados. De esa contumaz mentira se siguen dos conclusiones: a) los regalos pudieron hacerse con fines ilícitos, por ejemplo propiciar la voluntad del presidente obsequiado para que posibilitara la realización de actividades lucrativas ilegales de terceros; b) quien engaña a los ciudadanos en materia de regalos puede hacerlo en todo lo demás.
Autoridad moral, pues, ninguna. Pero tampoco servicios o competencia. La gestión de Camps (en general del PP) ha sido ostentosa, cesarista, rimbombante con actividades carísimas de prestigio (Fórmula 1, visita del Papa, Terra Mítica) pero con desatención a los servicios sociales que son el meollo del Estado del bienestar y con el mayor déficit de todas las Comunidades Autónomas.
El presidente Camps, pendiente de comparecer ante un jurado popular, no es más que la cabeza visible de un entramado presuntamente delictivo de empresas y cargos públicos del PP que se extiende por toda la Comunidad Autónoma, dedicada al saqueo de las arcas públicas para el enriquecimiento personal de unos y otros y la presunta financiación ilegal del partido. Esta financiación pone al PP muy por delante del PSOE en medios y explica lo abrumador de su voto.
Pero Camps se niega a dimitir y, según parece, cuenta con agotar su mandato aunque lo condenen. Desde un punto de vista jurídico y político esto es posible. No hay procedimiento alguno para obligar a dimitir a un presidente autonómico por clara que sea su implicación y aunque medie una decisión condenatoria siempre que no implique cárcel y/o inhabilitación para cargo público. Cosa insólita, desde luego, pero posible.
Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, parece estar siguiendo el proceso y articulando la defensa de los implicados en el caso Gürtel, no con el fin desinteresado –que debe presumirse en todo representante democrático que asesore procesalmente- de facilitar la acción de la justicia para que ésta se imparta sino con el muy interesado de sacar indemnes a los diputados de su partido con independencia de cualquier otra consideración. La norma de oro que parece estar aplicando es la que le dio a él un resultado óptimo cuando consiguió salir intacto de un proceso por la muerte de sesenta militares españoles en el que fueron condenados sus subordinados. La norma es: aquí no se dimite pase lo que pase.
Norma que Camps se aplica a rajatabla. Obviamente los escrúpulos morales, los remordimientos de conciencia pasan a segundo plano como suele suceder con estos católicos devotos que saben tienen el perdón ganado de antemano. Al fin y al cabo es lo que hace la misma Iglesia cuando, por ejemplo, oculta la plaga de pederastia en su seno o silencia la operación de expolio de los bienes del común en toda España al amparo de las reformas legislativas de la era Aznar y que equivalen a una contradesamortización.
A falta de mecanismos jurídicos para poner coto a comportamientos ilegales tan generalizados, es preciso ver si los hay políticos. El más obvio es el recurso a la organización nacional del partido al que pertenecen los imputados valencianos, esto es, el PP. Este partido dispone de dos códigos de buenas prácticas (uno de los años noventa y otro muy reciente) ambos inoperantes puesto que no se han aplicado nunca por más que ha habido razones para hacerlo. Es decir, tampoco hay solución política.
El silencio de la dirección nacional del PP ante el caso Camps, que tanto contrasta con su alboroto en otros, es muy llamativo. El PP deja claro con él que convivirá con la corrupción que haya y la que pueda revelarse de aquí a las elecciones, la relativiza y la minimiza. Espera que los ciudadanos lo voten a pesar de todo como partido de gobierno, soslayando la corrupción y haciendo hincapié en la época de bonanza económica de los años 1996-2004, que se atribuye.
Aquí no sirve de nada razonar, como hace el PSOE, que aquella bonanza fue el origen de la catástrofe actual porque esta es una cuestión hipotética y especulativa. Lo interesante, a juicio de Palinuro, es dejar en claro la intencionalidad subyacente al discurso del PP en la opinión pública y que viene a decir: lo esencial es la prosperidad y el empleo al precio que sea y la corrupción es una baja colateral, lamentable pero de segundo orden. Este es el único argumento que puede explicar el hecho incontrovertible de que los graves indicios de corrupción no pasen factura electoral, como suele decirse.
La alta expectativa de voto del PP proviene de su gran habilidad al haber trasladado a la ciudadanía el peso de un juicio moral que él se niega a hacer en la seguridad de que aquella tampoco lo hará. La idea de vivir en una sociedad pobre pero justa es menos atractiva que la de hacerlo en una injusta pero que sea rica. Y eso, querid@ lector@, nos afecta a todos.
(La imagen es una foto de Partido Popular Comunitat Valenciana, bajo licencia de Creative Commons). En ella están Cospedal, Camps, González Pons y Rajoy. Son dignos de análisis los gestos de los cuatro.
