dijous, 16 de juny del 2011

L@s violent@s eran provocador@s de la policía.


Por la retirada del Diccionario franquista de la Academia



Comienzo con una vulgaridad: la fuerza del 15-M reside en que su protesta es fundamentalmente moral y en que se manifiesta de modo pacífico. Los indignados llevan un mes de asambleas y debates públicos mejor o peor argumentados pero en los que van fraguándose unas reivindicaciones que, en buena medida, gozan de un apoyo generalizado entre una población atribulada que tiende a verlas como deseables pero utópicas. Y la verdad es que hay de todo, pero no es este el momento de ponerse a examinarlas. Basta con señalar que son propuestas reformistas políticas, sociales, económicas que, al tiempo, ponen en evidencia el grado de corrupción de un sistema para el que están acuñando un término de malas asociaciones en España: el régimen.

En cuanto a la violencia, la actitud es rotunda: nada de violencia. Es asunto en que va la legitimidad de un movimiento que tiene amplia aprobación a pesar de las molestias que inevitablemente ocasiona aquí o allá. Con la violencia los indignados son como el alcalde Giuliani de Nueva York: tolerancia cero. Tanto es así que están dispuestos a ampliar su concepto que no reside sólo en el empleo de la fuerza bruta en contra de algo o de alguien sino que puede darse también de otras formas: el ruido, la suciedad, la ocupación abusiva de espacios públicos son formas de violencia. Aunque sobre esto siempre se podrá discutir porque los límites no están claros. Ocupar una emisora de radio y leer un comunicado es violencia, pero ¿puede tratarse como el incendio de un autobús?.

Por eso los vemos barrer sus acampadas, mantener silencio, esforzarse por no estorbar. Esta es una revolución hecha por gente con altura de miras y muy civilizada. No hay barricadas, ni destrozos, ni rotura de mobiliario urbano; no hay atropellos ni agresiones personales. No se da un mínimo pie a que haya represión policial violenta. Los policías, en general, aplican un protocolo de contención. La revolución tiene ribetes versallescos.

Pero, claro, en estas condiciones puede eternizarse. Ahora llega el verano, las acampadas resultan más fáciles pero, por corteses y cívicas que sean, las autoridades de toda índole las ven como un verdadero incordio con el que quieren acabar. Porque de lo que se trata es de que personas como Francisco Camps puedan tomar posesión de cargos representativos por el hecho de haber sido elegidos. Como si eso quisiera decir algo respecto al civismo del electo cuando de todos es sabido que, puesto a elegir el pueblo entre Cristo y Barrabás, eligió a Barrabás, resultado que debiera decir algo al muy cristiano Camps. Así que violencia de los indignados, ninguna y, si alguna se da, como se ha dado por desgracia en Barcelona, es de inmediato reprimida, criticada y condenada en los más duros términos por las comisiones de comunicación del 15-M que se desmarcan de ellos.

Parece así que la derecha, las autoridades y, sobre todo, la policía han descubierto que lo inteligente es minar la base de legitimidad del movimiento, la no-violencia, la resistencia pasiva. Y como éste no acaba de estallar, recurren a los agentes provocadores. El visionado del vídeo deja pocas dudas. Por supuesto, lo trataremos siempre como presunto. Pero ¿hay acto más abominable que la policía delinca? Si los responsables del orden lo son del desorden, con el fin tácito de restablecer el orden al estilo del famoso ¡El orden reina en Varsovia! no hay Estado de derecho. Esos provocadores tienen que ser identificados. En el vídeo son muy fáciles de reconocer. Alguien los ha identificado ya, sin duda alguna. Bastaba con ver por lo demás que no iban vestidos, sino disfrazados. La cuestión es que eso es ilegal y delictivo y, por tanto, los provocadores deben comparecer ante la justicia.

¿No es evidente que el movimiento 15-M actúa desde una posición fundamentalmente moral y que así consigue poner de relieve la podredumbre del sistema? Lo que se ha hecho en Madrid de impedir (por ahora) un desahucio habla por sí mismo cuando los dos partidos mayoritarios bloquean todo proyecto de ley de dación. Y si la policía actúa como bandas de matones queda ya poco por decir y menos que poco, nada, a ese consejero de Interior de la Generalitat, Puig, que utiliza con descaro lo que los ingleses llaman un innuendo al observar, al parecer irónicamente, que fue el único que entendió lo del 27 de mayo, cuando los mossos repartieron estopa con saña. Sí, lo entendió perfectamente. Ahora busca un pretexto y, si no lo tiene, lo fabrica a base de mandar a sus policias a provocar tumultos como verdaderos sicarios. Presuntamente, desde luego.

Una última cuestión sobre las descalificaciones intelectuales del 15-M. Gonzalo Anes, que sigue sin dimitir, dijo en algún momento que lo del 15-M quedaría en la historia como una nota a pie de página o algo así. Y, si de él depende, así será ya que no es un historiador sino un trujimán del Rey que lo ha hecho marqués de su propio apellido, creo. Savater llama a los indignados de Barcelona hatajo de mastuerzos. Si estamos de acuerdo en el alcance del término la verdad es que hay muchos mastuerz@s, pero no más que en otras clases de personas, políticos, periodistas, profesores, curas, empresarios, sindicalistas. Mucha gente cree que la dirigente de UPyD, Díez, es un@ de ell@s. Su intervención ayer en el Congreso culpando a Rubalcaba, el ministro que más cerca de su fin ha llevado a ETA, de ser el responsable de que los proetarras estén en las instituciones muestra gran mastuercez y abundante mala baba. En España los derechos los protegen o deniegan (los denegable) los jueces. No el ministro del Interior. Y hay más: por supuesto que los indignados tienen derecho a que se les escuche, sean cuatrocientos, cuarenta o cuatro en los términos que les parezcan, siempre que eso no redunde en perjuicio de terceros. Los derechos de los ciudadanos son originarios y su ejercicio, responsabilidad de cada cual. ¿O van a tener que pedir permiso a los censores de turno para ejercerlos?

El punto está aquí en ese perjuicio. Uno puede argumentar que la ocupación de la vía pública para asuntos particulares, por muy pacífica que sea, es siempre un perjuicio. Pero es difícil sostenerlo en un país en el que la Iglesia ocupa miles de espacios públicos con sus procesiones y los taurófilos llegan a vedar el tránsito por determinadas calles en época de encierros para poder torturar civilizadamente a las bestias sin muchos riesgos. Se dirá que lo importante no es cuántos son los que ocupan los espacios públicos de hecho sino cuántos apoyan que lo hagan. Cierto. Ese es precisamente el punto de vista de los indignados que de mastuerzos tienen lo que todo el mundo. En la calle siempre hay cuatrocientos, sean indignados, meapilas o falangistas. Y los socorridos cuatrocientos mil que se quedan en sus casas apoyan a unos o a otros. Basta con ver los resultados electorales y los barómetros de opinión. Querer ignorarlo no sólo es inmoral; es también estúpido.

(El vídeo de cabecera es de Xartigas, bajo licencia de Creative Commons).