El mismo día en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidía que su deber es suspender a Garzón por segunda vez, Isabel Coixet anunciaba para hoy el estreno de su película Escuchando al juez Garzón, que espero poder ver de inmediato. La coincidencia de ambos hechos, con ser curiosa y aleccionadora, no priva a cada uno de ellos de su carácter esencial. La decisión del CGPJ es un acto de necesidad, dado el precedente que él mismo sentó al suspender cautelarmente al Juez con la causa de la investigación por los crímenes del franquismo. No puede no suspender, con lo que da una lamentable imagen como de ensañamiento. Suspender a alguien dos veces es como matarlo por partida doble, una porque corresponde y otra por si resucita.
El pobre juez sabe muy bien en dónde lo han metido, en una maraña jurídica como la de El proceso de Kafka, en la que todo es incomprensible pero nada sucede por casualidad. Por ejemplo, el orden de los procesos puede no ser inocente. De haber empezado por el del franquismo, con lo sensibilizado que está todo el mundo, tanto aquí como en el extranjero, con los crímenes impunes de la Dictadura, hubiera tenido muy mala prensa. Parece más astuto procesarlo antes por algo que despierta menos pasiones, especialmente en el extranjero como son las escuchas de la Gürtel. Si resultara condenado por prevaricación, luego sería más fácil hacer lo mismo en el proceso por los crímenes del franquismo. ¿Por qué no? La maquinaria de la venganza judicial se ha puesto en marcha y Baltasar G. puede ya hacer muy poco.
En el terreno procesal. Pero puede hacer y mucho en el terreno social y en el mediático. He aquí que las frecuentes acusaciones que se hacían al juez Garzón, con su pelusilla de envidia, de que era un juez estrella resultaron ser la típica profecía que se autocumple. El juez Garzón es una estrella de cine de la mano de Isabel Coixet y expone directamente su situación en público en una sala de proyecciones y, en unos días, a través de la red. Estoy seguro de que será uno de los productos más bajados.
Precisamente presentaba Garzón en Madrid un libro que recoge una amplia conversación con el escritor Manuel Rivas y se titula La fuerza de la razón (editorial Debate, Madrid), el mismo título que el explosivo de Oriana Fallacci. Y viene con DVD. Esa Fuerza de la razón es la que se exhibe en el documental de Coixet que a su vez está realizado no como un acto de necesidad, al estilo del del CGPJ, sino como un acto de libertad y de creación. Manuel Rivas pudo escribir o no escribir el libro, al igual que Coixet pudo rodar o no rodar la película. Si lo hicieron fue, probablemente, por un sentimiento moral en pro del juez. En todo caso está claro que Garzón tiene apoyos sociales que se hacen oír en su defensa. A pocos acusados les es dado exponer sus circunstancias y razonamientos de forma tan extensa. Y es eso, la sociedad que quiere escucharlo.
Por supuesto el ruido mediático, la difusión del discurso de Garzón no lo va a hacer más simpático a los ojos de los colegas que han de juzgarlo y para quienes lo ideal sería que el acusado se limitara a contestar a las preguntas de la sala y el resto del tiempo estuviera en silencio cartujo hasta conocer su destino. Pero eso es imposible. Nuestra sociedad es abierta, hay libertad de información y de expresión y, salvo orden judicial (que habría que ver cómo se justificaba) Garzón se encuentra en pleno uso de sus derechos, muy especialmente el de expresión, que es su mejor baza y es de suponer que nadie entienda el ejercicio de ese derecho como un intento de presionar a los jueces que, de todas formas, están en una posición imposible.
El proceso por investigar los crímenes del franquismo quizá sea intachable desde el punto de vista jurídico, que no lo parece, pero desde luego es inaceptable desde el punto de vista político y moral. Que en lugar de investigar aquellos crímenes, castigar a los culpables, resarcir a las víctimas sea el juez que instruyó la causa el que acabe enjuiciado a instancias de una organización fascista no es algo que pueda explicarse fácilmente. Tampoco sale mejor parado el proceso por ordenar escuchas telefónicas en el caso Gürtel. No es sencillo hacer entender a la gente que un juez pueda acabar en el banquillo bajo la acusación presentada por los imputados en la causa que estaba instruyendo. Si además resulta que la fiscalía no ve delito, la dificultad se convierte en imposibilidad.
Garzón entiende tan bien las reglas de la sociedad del espectáculo como las del foro y en ambos territorios se maneja con habilidad y destreza. Es posible que en el orden judicial lo hayan atrapado (y ya se verá el rigor jurídico de la causa en contra de él) pero en el mediático, en el comunicacional, ya ha ganado. Garzón tiene rostro; sus acusadores y juzgadores, no. Garzón es persona; sus acusadores y juzgadores son nombres, cargos, engranajes en el impersonal funcionamiento de la ley. Garzón esgrime razones; sus acusadores, códigos. Garzón lucha contra el delito; sus acusadores luchan contra Garzón; Garzón suscita simpatías y solidaridad generalizadas; sus acusadores sólo cosechan desconfianza, antipatía y desprecio.
Si el juez fuera condenado tendría que dedicarse a otra cosa, quizá a la abogacía, como hizo otro juez, Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. Pero también podría dedicarse a la publicística, a luchar porque no suceda a nadie lo que le ha sucedido a él. Tiene el suficiente prestigio moral para hacerlo y cuenta con tanto respaldo social que no le será difícil poner en marcha una empresa en pro de la justicia, la trasparencia, la moralidad en la vida pública y, en último término, la democracia. Lo que no le recomendaría es que se metiera en política, como hizo el fiscal italiano Antonio di Pietro.
(La imagen es una toma de un vídeo de Público, bajo licencia de Creative Commons).
