El informe anual de 2009 de Transparency International es desolador para España. Nuestro país desciende cuatro puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) con respecto a 2008 desde el vigésimo octavo al trigésimo segundo. Lo ha señalado toda la prensa. Lo que no ha señalado la prensa es que esa pérdida es de siete puntos (del vigésimo quinto al trigésimo segundo) en 2007. Y que el descenso con respecto a 2002, en que ocupábamos el lugar vigésimo, compartido con Bélgica y Japón, es de doce puntos y que eso es una catástrofe.
Es decir, la corrupción "percibida" se ha multiplicado por 2,5 en los años de mandato socialista. Y eso es un hecho. Es verdad que, aunque parezca mentira, es un hecho subjetivo puesto que se trata de un índice elaborado con "percepciones" pero es un hecho en cualquier caso: bajo mandato socialista el IPC se ha multiplicado por 2,5. Y de aquí debe la izquierda extraer las conclusiones pertinentes. Es verdad que gran parte de esa corrupción afecta ante todo al partido de la oposición. Pero también lo es que las estadísticas reflejan una situación general de la que la gente tiende a culpar al Gobierno sin mayores miramientos. Y no sin cierta razón. Desde luego da la impresión de que, de un par de años para acá la fiscalía anticorrupción y el sistema preventivo general llevan actuando con más contundencia. Pero ¿por qué no se procedió así ya desde 2004? Por entonces era cosa sabida que, a raíz de la burbuja inmobiliaria y fenómenos concomitantes, España era un paraíso de prácticas corruptas. Hace unos años lo recordaba el entonces presidente ruso Vladimir Putin cuando, para rechazar una crítica que suele hacerse a los rasgos mafiosos de la política de su país, decía que España no podía dar lecciones a nadie cuando tenía un sistema municipal completamente corrupto.
Una vez que el país haya salido de la crisis económica entiendo que el grado en que el gobierno haya sabido poner coto a la corrupción generalizada en España será determinante en las elecciones generales de 2012.
