La derecha española se pasa la vida hablando de su respeto al Estado de derecho, de su apoyo a la eficacia e independencia de la administración de justicia, de su compromiso con los principios de imperio de la ley e igualdad ante ella y proceso debido. Hablando, que es gratis. Otra cosa y muy distinta es lo que hace: desde que comenzó el escándalo del caso Gürtel, el PP no ha cejado en la tarea de obstaculizar la acción de la justicia. En lugar de acatar las decisiones judiciales en todas sus etapas y ponerse a disposición de la policía y de los tribunales para esclarecer cuanto antes unos hechos que apuntan a una situación de práctica corrupción del partido entero, ha hecho cuanto ha podido por impedirlo: ha mezclado y confundido deliberadamente los conceptos de responsabilidad penal y responsabilidad política con el fin de que sigan en sus cargos personas imputadas como el señor Bárcenas o de más que dudosa moralidad, como el Curita, cuya presidencia de Generalitat convierte a Valencia en el dominio de los hampones, al estilo de la Opera de tres centavos; ha cargado contra la instrucción del proceso, difamando al juez instructor, señor Garzón, acusándolo falsamente de prevaricar; ha cuestionado todos los pasos procesales y todas las actuaciones de las fuerzas se seguridad, dando pábulo a cualquier bulo o patraña que pudiera debilitar la legitimidad de la actuación de las instituciones del Estado; ha llegado a acusar a éstas de instalar en España un "Estado policía" sin una sola prueba. Actualmente está empeñado en cuestionar un mecanismo tecnológico de acopio de pruebas con el fin de pedir la nulidad de las actuaciones en el caso Gürtel. Es decir el PP no trata de que los asuntos se aireen y ventilen en procesos públicos sino de que triquiñuelas procesales, dilaciones y otras artimañas, obliguen a anular lo actuado (como sucedió con el caso Naseiro) o a reconocer la prescripción del delito (como en el caso Cañellas y como se pretenda ahora en el del señor Fabra). Es decir, se trata de impedir que se haga justicia.
A eso le llaman respeto al Estado de derecho cuando, en realidad, es una actividad más destinada a reventarlo, una actividad que, al minar los fundamentos de ese mismo Estado de derecho, pone a la derecha española en el mismo vehículo antisistema en que pueda encontrarse Batasuna. Pero con una diferencia muy notable: los de Batasuna atacan el sistema porque quieren cambiarlo por otro que consideran más justo; los del PP únicamente para garantizar la impunidad de los corruptos. Diferencia muy notable a nivel moral y humano aunque no lo sea al jurídico.
Porque la felonía de la derecha alcanza niveles pavorosos. El comportamiento en el caso del atunero Alakrana no deja lugar a dudas. Según parece, gran parte de la responsabilidad por la situación recae en los armadores por no atenerse a los protocolos de seguridad y por saltárselos animados por el afán de lucro. Si esto es así deben afrontar las consecuencias civiles de sus actos porque el Estado español no está para proteger a quienes se saltan la ley. Pero, una vez producido el hecho y que tampoco los llamados piratas somalíes pueden tomarse la justicia por su mano, está claro que hay ciudadanos españoles en apuros y que nuestras autoridades deben protegerlos y castigar toda demasía que se haya cometido con ellos con independencia de que, más tarde, se depuren las correspondientes responsabilidades. En esta situación, la convención democrática manda que el (o los) partido(s) de la oposición hagan causa común con el gobierno porque se trata de un asunto de Estado. Al no hacerlo, al criticar en todo momento la actuación oficial, al torpedear sus iniciativas, al tratar de beneficiarse del desgaste que este problema cause al gobierno, el PP incurre en un comportamiento tan desleal y felón como el que tiene en relación con el caso Gürtel, es decir, pasa a ser el Partido Pirata pero no de los piratas suecos, que cuestionan las leyes sobre derechos de autor, sino de los piratas somalíes, que amenazan la libertad de navegación y van contra el Derecho del Mar con la también notable diferencia de que si los somalíes lo hacen por necesidad, los del PP lo hacen por complicidad con la corrupción y para encubrirla.
(La imagen es una foto de Contando Estrelas, bajo licencia de Creative Commons).
