Leo que doña Mónica Oltra, portavoz del Grupo Parlamentario valenciano Iniciativa pel Poble Valencià (IpPV), ha presentado denuncia por un supuesto delito de prevaricación contra Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en las decisiones sobre el caso Gürtel. Hace divinamente la señora Oltra. Su denuncia viene a añadirse a la que ya tiene presentada el abogado José Luis Mazón contra el mismo magistrado por no abstenerse de conocer en el caso de su más que amigo El Curita. A su vez, estas denuncias de parte coinciden con la acción de oficio de la fiscalía que ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante el Tribunal Supremo, como también lo ha hecho el Partido Socialista del Paísn Valenciano.
Tales denuncias marcan el camino que hay que seguir ante un caso de tan flagrante violación del deber de imparcialidad de la justicia y ante una situación de evidente deterioro de las normas democráticas de convivencia a cargo de la actuación presuntamente delictiva y manifiestamente arrogante, autoritaria y despreciativa del señor Camps y de sus secuaces en el Gobierno de la Comunidad. Es el conjunto de la sociedad civil el que, en defensa de su dignidad, debe acusar al señor Camps por su atropello a los usos democráticos y al magistrado de la Rúa por un presunto delito de prevaricación.
Una situación en la que una Comunidad está gobernada por un hombre que ha mentido abiertamente al electorado y al Parlamento, como reconoce el auto del tribunal ahora acusado de prevaricación; que está enredado en diversos avatares procesales; que es sospechoso de haber organizado un sistema de financión ilegal de su partido; que se permite el lujo de no responder a las preguntas de los periodistas; que no da explicaciones en sede parlamentaria ni fuera de ella; y que responde con desplantes a las críticas democráticas es una sitación de manifiesto peligro para la democracia que exige algún tipo de intrvención pública. Sobre todo para que el señor Camps no pueda seguir actuando como si los ciudadanos fueran imbéciles, no continúe al frente de una presunta trama de corrupción, no atente contra los usos y costumbres democráticos y siga fomentando la existencia de un canal de televisión a su mayor gloria y a cuyo lado los medios de Goebbels eran un monumento a la falta de censura.
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