En la campaña electoral, el señor Obama anunció que pondría fin a esa ignominia que es el centro de detenciones ilegales, secuestros y torturas que los EEUU mantienen en su exclave colonial de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Por supuesto, no lo dijo en estos términos, pero lo dijo. Esta fue una de las razones por las que mucha gente en los EEUU lo votó y mucha más fuera de los EEUU simpatizamos con él. Las otras fueron la promesa de evacuar el Irak, invadido hace seis años con fines de expolio y saqueo, las medidas keynesianas para salir de la crisis, la ampliación del Estado del bienestar en su país, el hecho de ser negro y, por descontado, el deseo de cerrar el camino a un candidato republicano que, como demostró el señor Bush en ocho años, podía llegar a ser una pesadilla mundial.
Ahora bien, en un Estado de derecho la voluntad política tiene que guardar las formas y el fondo jurídicos. El señor Obama se propone, al parecer, ir repartiendo a los reclusos en Guantánamo entre aquellos países que, como España, al considerarse aliados de los EEUU, estén dispuestos a echarle una mano en este asunto. Y repartiéndolos como el que nombra cónsules en provincias.
Ahora bien, ¿cuál es el estatuto jurídico de estos ciudadanos recluidos en Guantánamo que el señor Obama pretende salpicar por el mundo? No pueden ser culpables porque en estos años que han pasado allí, nadie los ha procesado (aunque sí torturado) ni condenado. Entonces, si no han sido procesados en los EEUU ni allí condenados, sólo cabe colegir que son inocentes. Y, si son inocentes, pueden empezar a poner en marcha mecanismos de defensa en contra del Gobierno de los EEUU, con derecho a reparaciones económicas y morales por el desaguisado cometido con ellos, a residir en el país que los secuestró arbitrariamente y a trabajar en él. La distinción que arguye que los EEUU no están obligados a nada con estas personas por cuanto Guantánamo no entra en la jurisdicción de los tribunales gringos no es más que una finta de rábula, sostenida contra toda razón por alguno de esos tribunales. Guantánamo está bajo soberanía estadounidense y allí donde esta soberanía rige, quienes están sometidos a ella tienen la protección de sus tribunales con independencia de cualquier otro dato. Y los EEUU no pueden decidir unilateralmente que se libran del problema repartiendo a los afectados mundo adelante porque dichos afectados tienen derechos ante los tribunales de justicia gringos y pueden hacerlos valer. Si, como parece evidente, los gobernantes de los EEUU en su día cometieron cuando menos dos delitos: detención ilegal y tortura, tendrán que responder por ello.
En cuanto a la entrega a España de cuatro de las personas de Guantánamo, el Gobierno, cuyo deseo de colaborar con el cierre de Guantánamo es encomiable, debe mirar muy mucho qué es lo que hace. Porque estas cuatro personas pueden ser inocentes o culpables. Si son culpables deben seguir en los EEUU y ejercer su acción por la justicia si quieren. El problema para España es si son inocentes porque si lo son, al haber estado indebidamente secuestradas y torturadas, se han convertido en víctimas del comportamiento delictivo del Gobierno de los EEUU. En estas condiciones, a mi entender, y si el Gobierno español no quiere sentar plaza de carcelero de segunda, puede hacer dos cosas:
a) recibirlos como turistas si tienen sus papeles en regla y sin darles mayor protección ni someterlos a más vigilancia de lo que se hace con turistas de otras procedencias y ya organizarán ellos si lo desean su defensa frente a los delitos cometidos en sus personas por los gobernantes gringos;
b) recibirlos como asilados políticos frente a los EEUU, país en el que han sido perseguidos, secuestrados y torturados y al que no cabe entregarlos de vuelta porque, como se ha visto, en él no se respetan los derechos humanos más básicos. He aquí un asunto que el juez Garzón podría dilucidar tan ricamente si sus hostigadores oficiales lo dejaran cumplir su tarea en paz.
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