La sarta de presuntos que hay en el PP alcanza ya proporciones de pandemia: a los varios alcaldes de pueblos de la sierra de Madrid, inculpados en una alegre variedad de delitos, se suman distintos diputados de la Asamblea de Madrid y algún alto cargo de la Comunidad de la misma provincia y, con estos, aparece también supuestamente implicado en la presunta trama el señor presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia que esta es la hora en que aun no ha aclarado de dónde proceden sus elegantes ternos. A la ristra se añaden ahora dos presuntos más, el tesorero del PP y un señor eurodiputado de idéntico partido.
Esta proliferación de imputaciones y presunteces, emanada de una instrucción previa minuciosa que ha llevado al parecer unos dos años y tiene al presunto cabecilla de la ristra en la trena dibuja una situación harto complicada para el PPO o principal partido de la oposición. Sostener que todo es una "causa general" en contra del PPO escenificada por un juez prevaricador no es cosa que quepa admitir así como así. El señor Trillo, dechado de comportamientos honorables, ya presentó una querella criminal contra el juez Garzón por prevaricación. Si cada vez que a un presunto delincuente se le imputa su delito él o un amigo suyo se querella contra el juez de instrucción por prevaricación, el país se hará invivible. Los acusados por la justicia suelen devolver la acusación acusando a su vez a la justicia de injusta. Eso lo sabemos todos y también el PPO. Lo sabe, pero lo practica a mansalva al tiempo que sostiene siempre que hay que dejar trabajar a la justicia (se supone, si es contra su adversario, pero no si es en contra de él) y hay que estar a lo que digan los tribunales... si le dan la razón; si no, querella que te crió.
El último ejemplo de este pintoresco comportamiento de andar a collejas con los jueces lo ha dado el nuevo presunto, señor Bárcenas, quien también se querella contra el señor Garzón porque, siendo aforado, al investigarlo, el juez puede estar cometiendo un delito de prevaricación. Quizá sí, quizá no. La Constitución dice que los diputados y senadores son inmunes y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, que para inculparlos o procesarlos se requiere la previa autorización de la respectiva cámara y que en las causas contra ellos será competente la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero no dice que no puedan ser investigados, que es lo que sostiene el señor Bárcenas. Bueno, los tribunales dirán.
Una última palabra a propósito de este feo asunto de los aforados. En mi opinión esta práctica del aforamiento debería desaparecer porque es un privilegio ya inadmisible. Si todos somos iguales ante la ley, todos quiere decir todos, senadores y diputados incluidos. El aforamiento era una medida de protección de los representantes populares contra las arbitrariedades reales en tiempos en que los tribunales estaban sometidos a la voluntad de los monarcas de forma que encausaban muchas veces sin motivo real alguno a quien desplacía al Rey. Pero eso se ha acabado, los parlamentarios gozan del amparo de la justicia como cualquier otro ciudadano, cual está demostrando paradójicamente el señor Bárcenas con su querella pues, en puridad de conceptos, si como aforado, no hubiera de responder ante la justicia, tampoco es de recibo que pueda instar su acción en contra de alguien y en favor propio.
Por lo demás, como quiera que el aforamiento es una institución pensada para garantizar la independencia de juicio de los representantes populares y en España rige el principio de legalidad y el derecho al juez natural, el primer interesado en facilitar la acción de la justicia debería ser el propio señor Bárcenas, en lugar de enrocarse en su situación de privilegio dando con ello pábulo a la sin duda injustificada idea de que quiere evitar la acción de los tribunales. Estoy convencido de que el señor Bárcenas comparte conmigo la convicción de que el aforamiento es una garantía de independencia de los parlamentarios (aunque hoy esté anticuada) y no un santuario para la protección de presuntos chorizos.
