Ha hecho muy requetebién el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desistiendo de ir adelante con ese disparatado proceso político a los señores Ibarretxe, López, Otegi y otros. Carece de sentido abrir vista oral a petición exclusivamente de la acusación popular, sin acusación particular y en contra de la expresa voluntad del fiscal. Equivale a dar vía libre a las venganzas políticas o los ajustes de cuentas y, en este caso, confundir lo político con lo judicial y cargarse de un plumazo la separación de poderes pues se convierte a los tribunales en instancias para exigir la responsabilidad política del gobierno o de los partidos. Un dislate integral. De paso habría que revisar el proceso penal español. Eso de que un juez de instrucción pueda ordenar apertura de juicio oral en contra de la opinión de fiscal y por su único parecer es poner a los justiciables en manos de las posibles arbitrariedades de los jueces, que las hay y no son infrecuentes.
Por otro lado, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados están en pie de guerra contra el gobierno y amenazan con ir a la huelga. Muchos dicen que no asiste a los jueces ese derecho pero la verdad es que no se ve por qué no. La Constitución lo reconoce a todos los trabajadores y, por lo tanto, deben tenerlo también los jueces. Otrosí sería verdaderamente pintoresco que los jueces, cuya función es interpretar y aplicar la ley, adoptaran una decisión colectiva ilegal. En principio y por si hay dudas, si los jueces amenazan con ir a la huelga será porque son titulares de ese derecho.
Ahora bien, son titulares sui generis porque constituyen uno de los poderes del Estado que no se supone puedan o deban recurrir al expediente de la huelga. Uno no ve a los otros poderes del Estado holgando. Salvo el caso de Amadeo de Saboya, conocido como "el Rey huelguista", no resulta comprensible que Jefes del Estado se declaren en huelga. Como tampoco los ministros o parlamentarios. Pero el caso de los jueces es distinto porque si bien son un poder del Estado (y un poder individualizado, personalizado en cada uno de ellos) también son funcionarios públicos y, como tales, titulares de ciertos derechos. Por lo demás, es de esperar que si los jueces hacen huelga sea con buen juicio que para eso son jueces. No estaría nada bien una llamada "huelga salvaje" de la judicatura.
Otra cosa es la oportunidad y legitimidad política de la medida porque casi parece una pataleta por las reacciones ante la evidente muestra de corporativismo de que dieron muestras hace poco con motivo de la sanción al juez Tirado. Acerca de esto del corporativismo de la judicatura se han visto y leído cosas muy principales. No hace mucho publicaba don Perfecto Andrés Ibáñez un artículo en El País con título tan expresivo (Jueces: la insidia del "corporativismo") que no requiere mayor comentario. Los jueces, sostiene don Perfecto, no son corporativistas. Si se movilizan por primera vez a raíz de la contraria reacción social que ha provocado la ridícula sanción que su órgano de gobierno ha impuesto a uno de ellos no es a causa de corporativismo sino por una coincidencia fortuita de carácter astral.
(La imagen es una foto de Rodolfo Palominos, bajo licencia de Creative Commons).
