Muy bravos salieron ayer los altos mandos autonómicos a negar las informaciones difundidas sobre espionaje a políticos y amenazar a quienes las propalen. La señora Aguirre, nueva Cayo Mucio Scevola, dijo poner su mano en el fuego por sus consejeros, por el supuesto espía y el espiado. Ya veremos si tiene la entereza del patricio romano en el caso de que su mano empiece a quemarse. Mal avisada cosa esta de poner la mano al fuego por otros. El País es un periódico serio, no es El Mundo y, le guste o no a la señora Aguirre, sus informaciones tienen más crédito que su palabra y la de sus consejeros todas ellas sumadas. Pues ¿no es esta la gente que se encaramó en la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) tras conseguir que se repitieran las elecciones merced a una jugada sucísima de traición de dos bergantes que nunca se aclaró? ¿Cómo se hizo aquella operación? Es evidente que con estos procedimientos de seguir a la gente, investigarla, averiguar de qué pie cojea, extorsionarla o sobornarla, en fin prácticas todas ellas hediondas que no sería extraño estuvieran reproduciéndose.
¿Y el vergonzoso asunto del hospital Severo Ochoa? ¿Acaso no se empleó todo tipo de trucos sucios, infundios e informes falsos para atacar el crédito y la categoría profesional del doctor Montes? ¿No se trató de una campaña repugnante orquestada desde una Consejería de la CAM que los tribunales acabaron desbaratando sin que ninguno de los políticos que se prestaron a aquella infame campaña aceptara responsabilidad alguna?
Ese señor vicepresidente del que todo el mundo admite ya que fue investigado indebidamente pero no se sabe por quién, ¿no es uno que se fue de viaje con su señora a Sudáfrica en compañía del empresario al que benefició con una adjudicación restringida y a quien, sin embargo, negaba conocer el día anterior? Dice que el viaje se lo pagó él de su bolsillo y que si alguien cree que hubo malas prácticas, que acuda a los tribunales. A los tribunales, de momento, no. Lo que ha de suceder es que la oposición en la Comunidad Autónoma debe exigir en sede parlamentaria las pertinentes explicaciones del señor vicepresidente y si éstas no son satisfactorias o la oposición -que debe tener acceso irrestricto a toda la documentación del caso- cree que hay lugar a ello, debe, entonces sí, acudir a los tribunales.
Da la impresión de que hace aguas el modelo "ultraliberal" de política de la CAM, basado en a) llegar al poder con trampas; b) malvender a empresas privadas el patrimonio público de los madrileños; c) andar a la greña con las gentes de su propio partido y (si es cierta la información de El País) espiarlas para obtener sus fines.
Por lo demás, por más furia que le echen en sus comparecencias públicas los dirigentes autonómicos, cada cual es hijo de sus obras y las de la señora Aguirre desde siempre apuntan en la dirección que tanto dice que le disgusta.
(La imagen es una foto de Fenchurch!, con licencia de Creative Commons).
