Parece que a mediados de esta semana el señor Rodríguez Zapatero se reunirá con un grupo de distinguidos economistas con el fin de que lo ilustren acerca de ese asunto al que todo el mundo menos él y sus más íntimos colaboradores llama crisis. Teniendo en cuenta que el estallido de las subprimes, que se da como comienzo de la historia, se produjo en el verano de 2007, puede decirse que ha necesitado un año para percatarse de la complejidad de un fenómeno sobre el que tanto él como su gobierno llevan doce meses hablando e incluso estableciendo calendarios y fechas. Que si los precios se estabilizarán en dos o tres meses, que si habremos tocado fondo a fines de año y a continuación comenzará la recuperación o que si ya hemos dejado atrás lo más grave. Una de las opiniones más insólitas es la del ministro Sebastián quien, por razones de todo punto incomprensibles, tiene de antiguo el oído presidencial y el año pasado aún auguraba que el asunto quedaría en una "anécdota de 2007", como el que habla de una inundación o un incendio fortuito. Un año para reconocer que su gente no sabe lo que se trae entre manos ni cómo abordarlo por lo que ahora viene a ser necesario recurrir a expertos externos. Como si dijéramos, un outsourcing de conocimientos económicos.
Además de ver cómo se solventan las inevitables pelusas que con esta decisión se suscitarán entre los expertos internos quienes ven que se menosprecia su trabajo y los puentean con afuereños, la cuestión reside en averiguar por qué el parecer de estos habrá de tener más peso que el de los otros en materias perfectamente opinables. Es más, si todos estos convocados son como el economista representante de Cajamadrid, que tiene pillados mil millones de euros en un crédito a esa empresa Martinsa en concurso de acreedores a base de una tasación inflada hecha por una filial suya, casi fuera mejor que el señor Rodríguez Zapatero se hiciera asesorar por un grupo de sacerdotes de Manitú.
El mismo presidente no parece abrigar mucha confianza en el resultado de su decisión y la ha coronado con otra insólita en estos pagos, consistente en reunir el Consejo de Ministros el catorce de agosto, en mitad de sus bien ganadas vacaciones, para ponderar cómo pinten por entonces las cosas con vistas al comienzo del curso político en septiembre. He tratado de entender qué sentido tenga esa convocatoria y no le encuentro ninguno, aparte del muy obvio de insinuar que es tal la solícita preocupación del Gobierno con los cientos de miles de familias que están pasándolo mal que interrumpe sus vacaciones para hacer una especie de reflexión colectiva o tertulia veraniega pues tampoco parece que por esas fechas, con el país entero en periodo vacacional, pueda hacerse mucho más que promesas.
Resulta patente que en la parte más hispánica de la crisis, esto es, lo concerniente al ladrillo y la actividad abusiva de las empresas constructoras que han estado forrándose en todos estos años a costa de la gente, el Gobierno está dividido entre quienes quieren ayudar a los empresarios y quienes pretenden que el mercado efectúe los ajustes de rigor, sin comprometer dineros públicos. Los primeros parecen estar encabezados por el ministro Sebastián, verdadero representante del que podríamos llamar "socialismo de los ricos" que consiste en que las construtoras e inmobiliarias privaticen los beneficios y socialicen las pérdidas. Le acompañan las ministras de la vivienda pasadas y presentes que deben de tener el record en disparatadas declaraciones siempre a favor de los empresarios/especuladores y en contra de los intereses de la gente. Es un grupo de presión muy fuerte en el Gobierno cuya idea, en definitiva, consiste en resolver el problema del pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocando otra. Frente a él se encuentra el otro grupo menos irresponsable, encabezado por el señor Solbes y partidario de no hacer nada. No es que sepa mejor que el primero cómo salir de la situación pero, cuando menos, tiene claro que no a base de huir hacia delante.
No estoy muy seguro de por cuál de los dos grupos de inclina el ánimo del presidente del Gobierno, aunque temo que por el primero, que parece caerle más simpático. De forma que si los expertos externos convocados a mediados de semana también son de ánimo alegre, que Dios nos coja confesados porque la reunión del catorce de agosto será para llorar.
(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons).
