El santo aquelarre montando el otro día por los obispos en contra del Gobierno socialista fue un solemne fracaso como manifa pancartera. Al dar cifras de asistentes Sus Ilustrísimas mintieron más que cuando dicen misa pues hablaron de dos millones, donde había cien mil personas. Como si el recuento lo hubiera hecho el Espíritu Santo. Hasta la fantástica presidenta de la Comunidad de Madrid, devota dama que suele inflar los datos que la benefician con una pachorra de luchador de sumo, restó medio millón a la cantidad obispal.
Y no solamente fue un fracaso como acto público de presión callejera sino que está trayendo consecuencias tan perjudiciales para la Iglesia y la causa que dice defender que más hubiera valido a la archidiócesis de Madrid no haber tomado la iniciativa. De entrada, ha tenido la virtud de insuflar nuevas energías a todos los movimientos contrarios a la uniformación catolicarra de la sociedad. La red está plagada de iniciativas pidiendo que se defina claramente la aconfesionalidad del Estado, que se ponga a los curas en su sitio (o sea, en las sacristías) y que se denuncien esos vergonzosos acuerdos de 1979 con la Santa Sede, que dan a la Iglesia una situación de privilegio en España.
Hasta la oposición conservadora, que ha aprovechado el ataque de la Iglesia y el Vaticano al Gobierno para acusar a éste de insultar a aquella, que no sé de dónde se lo habrá sacado, dijo ayer a los obispos por boca del señor Rajoy que si el PP gana las elecciones, las cosas se quedarán como están y que no piensa tocar la ley del aborto ni la de l "divorcio exprés" y probablemente tampoco la de los matrimonios homosexuales, diga lo que diga el señor Fraga, a quien se le va la Minerva de viejo más que de joven, que ya es decir.
Además el Gobierno ha amagado tímidamente un intento de distanciamiento con la jerarquía y por boca de la Vicepresidenta -la principal responsable de la sumisa política de apaciguamiento hacia la soberbia eclesiástica- ha dicho que no está dispuesto a tolerar tutela moral alguna (estaría bueno) y que los obispos "faltaron a la verdad", forma inocente de decir que mintieron, que los obispos Rouco Y García Gasco mintieron como galopines y bribones. Sin embargo, la señora Vicepresidenta tranquilizó de nuevo a la clerigalla afirmando que los acuerdos con la Santa Sede no van a revisarse.
O sea: nada de ley de plazos del aborto, nada de eutanasia, nada restar privilegios a la Iglesia en su negocio educativo, nada de denunciar los acuerdos. Palabras, pues, las de la Vicepresidenta, palabras que se llevará el viento, pero ni un hecho, nada que moleste a la Iglesia. No pueden los socialistas escandalizarse de que, habiendo pedido que la Conferencia Episcopal Española, se distanciara de las mentiras de Monseñor Rouco y Monseñor García Gasco en el rallye de beatos de víspera de fin de año, dicha Conferencia publique un comunicado solidarizándose con el acto que el Gobierno cuestiona. ¿Qué esperaban? ¿Que el órgano colegado episcopal se criticara a sí mismo cuando ve que lo que tiene enfrente es un Gobierno de asustados contemporizadores dispuestos a ceder en lo que sea (como cedieron en el 0,75 % de la asignación fiscal individual a la Iglesia) con tal de no tener problemas? Un Gobierno que manda a de embajador al Vaticano a una especie de monaguillo, no diré más que papista que el Papa, pero tampoco menos.
Porque toda esa historia de la familia amenazada y en peligro de extinción cuando goza de envidiable salud tiene la pesadez de las letanías y el contenido de verdad de las narraciones del barón de Munchhausen. A estos clérigos la familia les importa un rábano; lo que quieren es tener metidas sus gregarias narices en la alcoba de la gente, saber con quién se acuesta cada cual y qué hace. Y tener a los niños cerca para sacrificarse resistiendo sus provocaciones, como el obispo de Tenerife, o sacrificarse más incurriendo en ellas y pecando. Lo que quieren es seguir imponiendo como moral sus obsesiones, desviaciones y perversiones sexuales
En mi modesta opinión, que estoy de la demasía clerical hasta la coronilla, es un buen momento para exigir que se rescinda ese 0,75% de asignación eclesiástica. No me parece mal que los católicos que quieran financiar su iglesia lo hagan y no en 0,75% de sus impuestos sino en un 100% de su caudal, pero que lo hagan así, de su dinero y no del mío. Ese 0,75% de la asignación que Hacienda deja de ingresar es un lucro cesante no sólo de quienes tachan la casilla correspondiente en la declaracón de la renta, sino de todos, los que no la tachamos también. Si se hiciera así, veríamos a la Iglesia cambiar de actitud, como siempre que se le toca el cepillo.
