Habiéndose aclarado ya que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del otro día sobre el recurso planteado por don Rafael Vera es una especie de "presentencia" que viene a adelantar el contenido de la sentencia dentro de unos meses, parece que queda algún tiempo para reflexionar sobre este interesante asunto. La "predecisión" invita al señor Vera a determinar el tipo de reparación que estime oportuno, adelantando así que el Tribunal considerará que su proceso y condena a 10 años por el asunto de Segundo Marey fueron injustos, a pesar de mediar una sentencia del Tribunal Supremo español, corroborada por otra del Tribunal Constitucional.
Las relaciones entre el Tribunal de Estrasburgo y las instancias judiciales y jurisdiccionales nacionales de los países signatarios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre ellos España, son complejas y ambiguas. Las decisiones del Tribunal de Estraburgo son obligatorias en los países, pero las del Tribunal Supremo y el Constitucional español son inalterables. De ahí que el efecto del pronunciamiento del Tribunal Europeo sea exclusivamente moral.
Moral, pero con la fuerza de un terremoto. Quienes sostuvimos que el proceso, la sentencia del Supremo y la del Constitucional fueron injustos, tuvimos que callarnos para que no se nos acusara de desacato a la justicia. Pero ¿qué justicia? ¿Qué justicia había en una instrucción realizada por el juez Garzón con el fin de vengarse de quienes él creía que se la habían jugado cuando estuvo en el ministerio del Interior con un cargo del Gobierno socialista? Una instrucción en la que fueron piezas esenciales sicofantes como Amedo. ¿Qué justicia en una sentencia condenatoria del Supremo sin pruebas materiales y basada tan solo en la apreciación subjetiva de dos careos? Un proceso realizado en mitad de un clima de ley de Lynch ¿Qué justicia en la decisión del Tribunal Constitucional dando por bueno este atropello? Ahora, la decisión de Tribunal de Estrasburgo ha venido a levantar la losa que pesaba sobre quienes consideramos que aquellos veredictos eran injustos y a reponer al señor Vera (y, por extensión, al señor Barrionuevo) en el ejercicio de su derecho, conculcado precisamente por los jueces. No lo digo yo; lo dice el Tribunal de Estrasburgo.
Un terremoto. Después de esto queda claro que tanto el señor Garzón como los magistrados del Supremo y los del Constitucional que votaron a favor de la condena (hubo cuatro que lo hicieron en contra) no actuaron como jueces sino como parte de aquella histérica campaña política y mediática de linchamiento que trataba de destrozar al gobierno socialista de entonces, valiéndose para ello de la justicia. Una auténtica vergüenza. Los políticos del PP, los periodistas que los azuzaban (especialmente el señor Ramírez, siempre perejil de estas operaciones turbias) fijaron el objetivo de la cacería en don Felipe González, a quien tildaron de "señor X", ingeniosa denominación que puso en marcha el señor Garzón y que desde entonces han repetido no solamente los miembros y beneficiarios directos de esta conspiración, sino también algunos descerebrados que dicen ser de izquierdas. Para tratar de conseguir su objetivo no dudaron en pasar por encima del derecho a la presunción de inocencia del señor Vera, no vacilaron en condenador injustamente a dos personas, en deshacer sus vidas.
Y esto ¿va a quedar así? ¿Los responsables de este atropello van a irse de rositas? De Ramírez, Álvarez Cascos y otros de esa cuerda, acostumbrados a decir o dejar de decir según les vaya en la feria no hay que esperar nada. Pero el señor Garzón, así como los magistrados que condenaron injustamente al señor Vera y los de Constitucional que sancionaron la injusticia, personas de honor, es de suponer, tienen el deber moral de pronunciarse sobre el parecer del Tribunal de Estrasburgo y decirnos a los justiciables qué opinan del fallo cuando se produzca.
