dijous, 22 de març del 2007

Al asalto del Estado.

Que el Partido Popular, también llamado Partido Pancartero está convirtiéndose a toda velocidad en el Partido de la Porra es evidente para quien observe el debate público, por llamarlo de alguna forma. Su estrategia es bien clara: como no puede gobernar (ya que en democracia existe la irritante y plebeya costumbre de que gobierne el que obtiene más votos), que no gobierne nadie y que todo salte por los aires. Para lograr tan loable propósito, la táctica que aplica es andar a coces con todas las instituciones democráticas y poderes del Estado, a ver si consigue que caigan en el desprestigio y se despierte el dormido genio de la raza en forma de algún salvapatrias que dé un golpe de timón o de lo que sea con tal de que se trate de un golpe, con consecuencias fáciles de imaginar. Pongo por ejemplo el ataque continuo a todos los poderes del Estado.

Empecemos con el legislativo.

En la sesion de control del Gobierno de ayer, la bancada popular volvió a organizar la algarabía habitual de gritos, abucheos, pataleos y rebuznos que alteran y degradan el normal negocio parlamentario. Es sorprendente que pregunte nada al ejecutivo si luego no está dispuesta a escuchar las respuestas. Pero es que esos espectáculos vergonzosos no son una excepción que un alma caritativa pudiera atribuir a un momento de arrebato, sino algo deliberado y programado. Se llega a esta conclusión mediante un sencillo razonamiento: dada la disciplina férrea de todxs lxs diputadxs de todos los partidos, especialmente del PP, bastaría con que los tres adalides conservadores reunieran a sus señorías y les dijeran que no berrearan para que las dichas señorías no levantaran la voz. Como eso lo sabemos todxs, resulta claro que el sistemático vociferar en el hemiciclo es política programada del grupo popular. ¿Con qué fin? Con el muy obvio de deslegitimar al Parlamento ante la opinión pública y generalizar la convicción de que todos lxs políticxs son iguales y etc, etc.

Sigamos con el Ejecutivo.

Del respeto que el PP tiene al Gobierno da buena cuenta la sarta de insultos e improperios con que sus diputadxs, afiliadxs, simpatizantes y votantes regalan a su Presidente: bobo solemne, simple, traidor, genuflexo ante ETA, radical (sic), incompetente...Y no solamente en sede parlamentaria, sino dondequiera: en la calle, en sus medios de comunicación, en las pastorales de la jerarquía o en sus manifestaciones. Este tipo de ataque, sin embargo, es el menos grave dado que en democracia es habitual culpar al Gobierno de todo, según el viejo adagio italiano del piove, porco governo. Claro que se hace de forma menos tosca pero supongo que ésta puede atribuirse al exceso de testosterona con que los dioses han bendecido siempre a esta indómita raza. Lo más grave es que en el paquete entre ya también el Jefe del Estado, la Corona, vaya. Mi simpatía por esta institución es igual a cero, pero, en tanto exista, creo obligado atender a sus reglas de funcionamiento, sin intentar violentarlas y servirse de ella para fines faccionales. No se trata solamente de que desde algunos medios de la derecha, como la COPE, se ataque con frecuencia a la Monarquía, porque eso entra en los márgenes de la libertad de expresión. Se trata de que la derecha no instrumentalice la institución en provecho de sus fines partidistas. Que el señor Sanz, presidente de la CA de Navarra sostenga que cualquier alteración en el estatuto del antiguo Reino no dejaría indiferente a la Corona es un desafuero que no debiera dejar indiferente a la Corona. Ciertamente que la relación de Navarra con España es un pacto articulado en el fuero cuyo garante último es el Rey. Pero eso no autoriza a una parte de una parte del pacto a servirse de la figura del garante porque eso es jugar con fuego.

Y terminemos con el judicial.

El comportamiento del PP respecto a la administración de justicia en sentido amplio en España no solamente no es de respeto, sino de franco boicoteo. Prácticamente no queda tribunal, magistradx o procedimiento judicial que el PP no esté dispuesto a reventar en virtud de ese planteamiento de hundir aquello que no puede controlar. Tres buenos y recientes ejemplos aparecen en los episodios que han afectado al Tribunal Constitucional, con una recusación falaz que ha puesto en entredicho la independencia del alto órgano; al Tribunal Supremo, con un nombramiento de sala (la que ha de decidir sobre las listas de Batasuna) aparentemente trucado que están investigando los órganos pertinentes del ministerio de Justicia; y al Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace cinco meses y con su renovación bloqueada en tanto no se avengan las demás fuerzas políticas a otorgar al PP una posición de preeminencia en él muy superior a su peso parlamentario y que le permita seguir haciendo mangas capirotes con el funcionamiento de la justicia. Por si fuera poco, el desestimiento del fiscal ayer en el proceso al señor Otegi ha provocado una nueva avalancha de improperios y actitudes contrarias al normal y pacífico funcionamiento de la democracia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo anda pensando si presentar una querella contra el fiscal del Audiencia Nacional por prevaricación. ¿Se entiende? El señor fiscal tiene que hacer lo que yo quiero y, si no lo hace, prevarica. A su vez, el señor Buesa, en nombre del Foro Ermua, que está cubriéndose de gloria por su seguidismo del PP, convoca a una manifa para hoy ante la sede de la fiscalía. Con un poco de suerte, esta semana, en vez de la habitual movida de la derecha los sábados, tendremos dos: jueves y sábado. Navarra, De Juana, el proceso de paz, el fiscal...el caso es salir a la calle a poner verde al señor Rodríguez Zapatero y sacar a ella a seis o siete millones de personas según los cálculos de la señora Aguirre.

Está claro, ¿no? Es una actitud de boicoteo de las instituciones democráticas con el fin de deslegitimarlas. Ayer la señora Fernández de la Vega hubo de decir a los conservadores algo de sentido común: no es la oposición la que determina la política antiterrorista, sino el Gobierno. Pero es que eso es precisamente lo que la oposición no admite: que pueda haber un Ejecutivo que no sea el suyo. Si se da esta lamentable circunstancia, considera que el Gobierno es un usurpador, que le ha privado de su derecho imprescriptible a mangonear este infeliz país por los siglos de los siglos.

Alguien de pocas luces debe de haber dicho al PP que la bronca paga electoralmente cuando es obvio para cualquier observador/a que es al revés. Unos meses más así antes de las elecciones y el voto del PP retorna a los niveles de Fraga. Esa trayectoria ya no es trayectoria, sino caída libre hacia el desastre electoral. Y conviene que la derecha recuerde que fuera de la urnas, aquí ya no hay nada.