Jornada grandiosa la de ayer. Unas doscientas mil personas salieron a la calle en varias decenas de ciudades en un acto de participación ciudadana en masa, pacífico, festivo, constructivo, altamente político.
No partidista. No se vieron distintivos de partidos. Palinuro detectó cuatro o cinco banderas republicanas y un par de la CNT. Nada más. Y esa ausencia de los partidos en la convocatoria y organización del acto da a éste un enorme significado que no se parece en nada a los de otras finalidades. Cuando la derecha (el PP) o la izquierda (PSOE con o sin IU) se manifiestan no es infrecuente escuchar descalificaciones de los actos porque los manifestantes ya disponen de órganos partidistas para avanzar sus reivindicaciones. No es el caso de los indignados, que no cuentan con partidos, propios ni prestados y que, además, niegan que los candidatos electos en todos los órdenes los representen. La teoría pura de la representación dice que, una vez elegidos, los electos actúan en nombre de todos los ciudadanos, no sólo de sus votantes.
Pero si cientos de miles de ciudadanos dicen que a ellos no los representan aunque tienen un buen puñado de reivindicaciones políticas que plantear porque no se trata de personas indiferentes sino involucradas en el debate público, la teoría pura de la representación tiene que ajustarse. La única forma que tienen los indignados de ser visibles es mediante este tipo de actuación que cabe llamar de movilización permanente, valiéndose de todos los medios pacíficos para hacer escuchar su voz y mostrando no solamente que la tienen sino que es bastante sensata y goza de un considerabilísimo apoyo social.
¿Se quiere una prueba? Hágase el cálculo siguiente: ¿cuántos votos en unas elecciones generales podría conseguir un partido que llevase en su programa: a) ley de dación en pago; b) restablecimiento del impuesto de sucesiones y el de patrimonio; c) aumento de impuestos a los ricos; d) regulación y limitación de los beneficios, en especial de los fondos de inversiones y empresas financieras; e) exigencia de responsabilidades por la crisis en todos los niveles; f) detención de las privatizaciones y renacionalización de los servicios y empresas privatizados; g) ley de transparencia; h) lucha contra la corrupción y los privilegios de los políticos; i) reforma del sistema electoral, etc?
La batería de improperios con que una parte de los comunicadores ha recibido el movimiento 15-M, desde sediciosos a mastuerzos, ha disparado a la luna. De sediciosos, nada: ciudadanos sabedores de sus derechos y respetuosos con la legalidad. Doscientas mil personas en dos docenas de ciudades y no ha habido ni un incidente de orden público. De mastuerzos, menos. Es un movimiento con unas reivindicaciones muy razonables que ha sabido articular una plataforma de acción discursiva muy poderosa contra la que el "sistema" no tiene armas. El pragmatismo político imperante en los últimos veinte años no le ha dejado otras que las de la violencia y la represión, pero carece de excusa para emplearlas. Y tampoco cuenta con las armas teóricas que le permitan probar su legitimidad frente a la justeza de la crítica indignada, porque se ha acostumbrado a funcionar en un contexto de tal corrupción institucional que ya no cabe invocar los principios básicos pues han quedado vacíos de contenido. Es literamente imposible sostener que, por razones de supervivencia, hay que gobernar bajo los dictados de los mercados y, al propio tiempo, decir que se está en contra del dominio de los mercados sobre los gobiernos. Es imposible de todo punto convencer a alguien de que se está en contra de la corrupción con unas listas electorales plagadas de imputados por corrupción. Carece de sentido sostener que se van a garantizar los derechos sociales del Estado del bienestar cuando se rompe el postulado esencial de la justicia social que consiste en que paguen más los que más tienen y no los que menos.
La fuerza argumentativa, discursiva, moral, del movimiento se fortalece con esta práctica de la movilización permanente. Ya está preparándose otra manifa general para julio y, luego, se habla de una huelga general en octubre. Entre tanto, en el mejor espíritu de la guerrilla, habrá acciones menores, aquí o allá, tangibles o virtuales, de forma que sólo cabe admitir que el "sistema" tiene que lidiar con una fuerza extraparlamentaria de un gran impacto político y mediático que no puede seguir ignorando pero con la que no sabe cómo tratar una vez que ha comprendido que no por la violencia.
