Comienza otra dura batalla jurídico-política ahora entre los eurodiputados catalanes y el Estado en sede europea. El conflicto España/Catalunya está ya en el centro del Europarlamento y antes de haberse constituido. De la mano de dos exiliados y un preso político. Maravilloso. Como siempre: España, el enfermo de Europa. Y, con médicos como Borrell, pronto cadáver.
El listado que tenían los guardias para negar la entrada a Puigdemont y Comín y (de haberse presentado, Junqueras) es obviamente un mandato de la presidencia con carácter preventivo, expeditivo, para ahorrarnos tonterías. Entran todos los electos españoles menos los tres catalanes. Se acabó. La legalidad de estas prohibiciones será impugnada por los abogados de Puigdemont que vienen cosechando una decisiva serie de victorias frente a un Estado español jurídicamente destartalado. El propio Estado, como suele, ayuda a deslegitimarse pidiendo ahora al Parlamento europeo que suspenda las acreditaciones personales de todos los españoles hasta que se tenga la relación completa tras la preceptiva jura de Santa Gadea. Entre otras cosas, porque aún no ha terminado el recuento que, por otro lado, está salpicado de irregularidades. Ya saben, el habitual humor negro español. Humor, pero negro.
El Europarlamento trata de quitarse la patata caliente cuanto antes. Pero no lo conseguirá. El mero hecho de haber negado la acreditación arbitrariamente ya lo involucra en la pugna jurídica que empieza. La pugna por el estatuto de los eurodiputados, sus derechos e inmunidades. Será larga. Y políticamente explosiva porque el Parlamento no podrá evitar las mociones de unos u otros grupos pidiendo debate sobre la cuestión catalana que afecta a tres de sus miembros.
Este atropello coincidió con la presentación del informe de los relatores del grupo de trabajo de la ONU, que es absolutamente demoledor para España. Tendrá el valor jurídico que tenga respecto a las obligaciones del Estado español, pero políticamente es otra bomba. Una bomba y un torpedo. Una bomba sobre toda la gestión política del proceso, para entendernos, la gestión "descabezadora" y un torpedo en la línea de flotación del buque de lo penal del Supremo, que comenzó con aires de nave capitana de la flota de la justicia y ha terminado como un barco de los locos, de aquellos que las ciudades llenaban de orates, los llevaban mar adentro y los hundían con su pasaje.
Un torpedo point blank en la sentina de esta farsa judicial que, según el mismo informe, jamás debió iniciarse y que solo cabe solucionar anulando la causa, liberando a los presos e indemnizándolos. Gran alegría en casa de Palinuro, en donde se ha defendido esta opinión desde el principio. Porque sus señorías no se han dejado derecho fundamental de los acusados por zarandear ni norma procesal aplicable por retorcer malignamente.
Y justo ese inmenso sopapo jurídico suena en el angustiado silencio de una sala de lo penal en la que los magistrados y resto del público no dan crédito a lo que están viendo en la pantalla. Si quieren ustedes un relato impresionante de esas horas de visionado de la barbarie, en serie, salvajada tras salvajada, vayan a la crónica de Josep Casulleras en Vila Web, Un silenci estremidor a la sala i uns ulls com taronges dels magistrats.
No se trata solo de que, como resalta Casulleras, allí sonaban las declaraciones de los policías y guardias civiles negando unos hechos que eran patentes, que estaban grabados. Se visibilizaba lo que todos sabíamos desde el comienzo, magistrados incluidos, que la violencia fue la del Estado contra votantes pacíficos que no ofrecieron resistencia y fueron salvajamente agredidos/as.
Y lo sabíamos todos porque todos llevamos meses viéndolos en las redes, magistrados incluidos. Así que, ¿por qué ha sido tan estremecedora la experiencia? Porque, en esta ocasión, el público ha contemplado los vídeos en pantalla grande, sistematizados, contextualizados, explicados y, sobre todo, seguidos, uno tras otro. Con su decisión de desvincular la prueba oral del visionado de los videos pertinentes en cada momento para aquilatar la veracidad del testimonio, que debió de parecerle muy inteligente, el juez Marchena consiguió lo contrario de lo que quería: evitar dar la impresión de que la farsa judicial fuera una cobertura de un montaje político-policial.
Exactamente lo contrario. No está mal si aprovecha el contratiempo y absuelve de plano a los acusados, con lo cual dejará claro que él ha visto por fin la verdad que los demás habíamos visto desde el principio. Ahora se lo dicen con todo lujo de detalles en un informe que desmonta por entero la farsa judicial que el Supremo se avino a continuar. Lo hizo por deseo indirectamente formulado por el Jefe del Estado en una insólita injerencia en el procedimiento, avisando de que la democracia no podía estar por encima de las leyes. Anodina obervación cuyo interés radicaba exclusivamente en su contexto y su intencionalidad.
