La rebelión de las togas, de que hablaba ayer Palinuro en el post sobre la tiranía de la mayoría, se había venido cocinando de largo en el inimitable think tank de la derecha sin complejos.
Un informe del entonces magistrado del Supremo, Adolfo Prego, especifica con detalle las medidas y reformas que han de hacerse, por vía constitucional o de lo contencioso para suplir una carencia del Código Penal a la hora de tipificar los delitos de rebelión y sedición. Esas medidas se pusieron en práctica con la inenarrable reforma de la LOTC, de 2015, impulsada por la vicepresidenta del gobierno entonces, Sáenz de Santamaría. El informe señalaba también los trucos procedimentales para forzar una situación de desobediencia al TC y poder castigarla así como delito, al no poderse hacer por la mera convocatoria del referéndum que ni siquiera sería ilegal.
En sí mismo, este informe y su historia, reveladas por elMón.cat, son un escándalo mayúsculo. Un antro reaccionario elabora las políticas de organización de la judicatura y hasta la administración de justicia en función de unos criterios propios que pretende imponer manipulando los tribunales con la complicidad del gobierno.
Y, con todo, lo grave no es que un sector ultrarreaccionario conspire para alterar el espíritu de un poder del Estado (de derecho) y lo consiga, hasta el punto de que los jueces ya ni siquiera administran la justicia del príncipe, sino la suya propia, en función de sus muy subjetivas y políticamente marcadas convicciones.
Lo grave son las convicciones. Una fe ciega en una verdad absoluta, prejurídica: la unidad de la nación española. La unidad de su nación española. Ese es el elemento que orienta todo su esfuerzo. El Código Penal no lo protege. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Declarando delito de rebelión cualquier pronunciamiento separatista, aunque no haya violencia ni tumulto. Y eso, ¿cómo se consigue? Interpretando la ley, querido amigo, como lo hace Llarena, y disponiendo de un par de gruesas prohibiciones del TC que nos permitan acusar a los separatistas del delito de desobediencia.
Esta avisada cuanto retorcida disposición es la que se está siguiendo a pie juntillas en el desarrollo de la farsa judicial del 1-O. Todo el mundo se malicia que las sentencias están ya escritas y condenan a los indepes por desobediencia al TC. No, por Dios, por sus convicciones independentistas. De este modo se salva el supremo bien de la unidad de la patria y, de otro, se respeta la libertad de conciencia y expresión del Estado de derecho.
Pero todo eso es falso y deja al descubierto la tramoya de estos inquisidores franquistas. Tanto si el asunto pasa por el TC como si no, lo despedazará la justicia europea porque se ha condenado a unas personas por un delito inventado: la desobediencia al TC no es un delito porque, 1) el TC no es quien para instar castigo por desobediencia a sus decisiones, diga lo que diga Sáenz de Santamaría; 2) aunque lo fuera, no puede prohibir arbitrariamente y no hay razón alguna para prohibir el referéndum de autodeterminación salvo reconociendo que lo que se prohíbe es la realización de una ideología legal, la independentista. Es un juicio ideológico.
O sea, no es un juicio. Es una injusticia que aun agravará más los problemas de unidad de esa España que pretenden resolver.
