Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado La rebelión de las togas. Termina hablando de que los jueces obedecen las órdenes de un gobierno tiránico. Como dicen los cursis, sector anglófilo, la expresión hizo que se fruncieran algunos entrecejos y se enarcaran algunas cejas. ¿Gobierno tiránico? ¿España, Estado de derecho homologable con los europeos, una tiranía? Venga, venga, seamos serios. Tiranía es, desde los tiempos del Filósofo, el gobierno arbitrario de los hombres (uno solo o varios, como la tiranía de los 30 en Atenas) y no el gobierno de las leyes. No es el caso en España, en donde gobierna la ley, votada por la mayoría. Así, en efecto, seamos serios.
Lo somos, con la seriedad de la verdad. El Estado español es una tiranía de manual de una de las formas mejor definidas de esta forma gobierno, formulada con posterioridad a Aristóteles. Quizá por ello no la conozcan quienes la identifican solo con el arbitrario gobierno personal; aunque, si leyeron bien al estagirita, algo deberían maliciarse cuando este equipara democracia a demagogia. Pero era complicado. Hubo que esperar 2.200 años para que John Stuart Mill definiera a mediados del siglo XIX, esa nueva forma de tiranía: la tiranía de la mayoría: "Si toda la humanidad menos una persona fuera de una opinión y solo esa persona de la contraria, la humanidad no tendría más derecho a silenciar a esa persona que ella a silenciar a toda la humanidad, caso de que pudiera".
Sustituyan humanidad por España y la persona de opinión contraria por el independentismo catalán, cuantifiquen 47 millones frente a dos millones y pico. 45 millons serán siempre mayoría frente a dos y pico. Mayoría tiránica. Silenciar la opinión de uno solo es tiranía, silenciar la de más de dos millones es tiranía de la mayoría y, como dice Mill, implica una presunción de infalibilidad que quizá no sea ajena a la derecha, pero debiera serlo a la izquierda.
Sobre la libertad es la biblia del liberalismo y le ocurre lo que a la Biblia con los católicos: que no la leen. Si los liberales -y, osaré decir, los socialistas y los izquierdistas en general- leyeran a Mill, descubrirían el significado de la tiranía de la mayoría en España, y quizá también llegaran a comprender su conclusión de que "la humanidad gana más admitiendo que cada cual viva como quiera que obligando a cada uno a vivir como quieren los demás."
Son verdades como montañas. Aplíquense a Catalunya.
Aquí el texto en castellano.
La rebelión de las togas
El juicio politico contra el independentismo parte de una premisa oficial, con la que se quiere neutralizar el principal argumento independentista: el llamado "conficto" entre Catalunya y España no puede resolverse en clave política porque la política es el ámbito de los intereses partidistas y los egoísmos, la negociación y el chanchullo. Solo lo puede resolver un ente neutral, carente de interés en el pleito, imparcial e independiente, esto es, la justicia. Es la garantía del Estado español, capaz de proteger incluso a sus enemigos porque, si por los políticos fuera, muchos de estos estarían ya crucificados a lo largo de la diagonal.
Las togas han tomado sobre sí la tarea de defender el Estado y la nación españolas por cuanto parece que los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, no son capaces de hacerlo. Resumiendo el prontuario de los jueces de la IIIª restauración: la acción de la justicia presenta tres ventajas: a) goza de la legitimidad de la imparcialidad; b) de los poderes del Estado es el que alcanza mayor grado de impunidad e irresponsabilidad; una sentencia del Supremo es el requiescat; c) es un poder independiente pero protegido por los otros dos, que determinan su composición. Todo queda en familia.
La lectura de este proceso grotesco es que se trata de un castigo por haber desobedecido al Tribunal Constitucional; pero no solo por haber desobedecido la prohibición concreta de realización del referéndum: ese es el pretexto. El crimen de la entera nación catalana es la desobediencia a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 por la que este tribunal, hablando en nombre de la metafísica de los pueblos, niega a Catalunya la condición de nación.
La rebelión de Catalunya, obstinada en ser nación, es una intolerable muestra de orgullo . Se personifica en el chivo expiatorio de estos nueve presos/as políticas/os a los que, tras someterlos a torturas y vejaciones sin cuento, humillarlos y arrastrarlos por el fango de innumerables tertulias donde periodistas e intelectuales sicarios los injurian y calumnian, condenarán a penas ejemplares como escarmiento a la población.
Todo irreprochable: España es un Estado de derecho, según afirman voces autorizadas como Gabilondo (los dioses te perdonen, Iñaki; los demás, no podemos) o Coixet en vídeos de propaganda del Estado neofranquista. En ella rige el imperio de la ley y los acusados tendrán un juicio justo e irreprochable.
Es el mismo discurso falso, embustero, o sea, español, de siempre. Todo en él es mentira. La causa fue iniciada como porsecución política por al anterior gobierno del PP con ánimo de "descabezar" el independentismo. Aquel gobierno usaba a los jueces como comisarios a sus órdenes a lo que estos se plegaban diligentemente porque de ello dependían ascensos, promociones, enchufes, privilegios, que es lo único que les importa. Y este gobierno de "izquierda" socialista la sigue con el mismo espíritu catalanófobo y ánimo escarmentador.
Los jueces entienden el mensaje: contra los catalanes, vale todo. El abuso, la tortura, la violación sistemática de derechos, la prevaricación, cualquier cosa será pasada por alto, ignorada por una fiscalía cómplice y legitimada después por el aparato de propaganda del ministerio de Asuntos Catalanes, dirigido por Borrell y a cuyas órdenes trabaja ya una caterva de mindundis académicos que hablan con la inexistente autoridad que les concede ser los perros ideológicos de su señor.
Envalentonados por el respaldo del poder que les importa más que el derecho, los magistrados españoles deciden encabezar ahora la rebelión del orden la ley y la justicia contra la rebelión injusta, demagógica, antidemocrática de los independentista.
En su arrogancia, estos mediocre fariseos de lo judicial no han reparado en que, al dar un paso al frente, ahora se les ve más y se sabe lo que son.
El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son el cuarto de guardia del régimen del 78, consistente en llamar democracia a un franquismo cristalizado sobre unos cimientos hechos con cientos de miles de asesinados enterrados en cunetas, cuyos herederos y beneficiarios directos se sientan hoy en los tribunales llamados de justicia para seguir impartiendo la del vencedor. Y como es la justicia del vencedor, las formas dan igual. La instruccción del proceso ha puesto en evidencia la fabulosa incompetencia del juez Llarena y ha resultado en un atropello sin precedentes. El presidente de la sala juzgadora, hijo de un capitán de la legión y un africanista, mediocre y oscuro personaje capaz de alterar el orden aceptado para enchufar a su hija en detrimento de otros ciudadanos, carece de autoridad moral para juzgar a nadie.
Y menos a unos presos políticos cuya mera existencia ya es prueba de la iniquidad total de una causa en la que los papeles están invertidos: son los acusados quienes debieran juzgar y los juzgadores quienes debieran responder por ir contra la justicia a las órdenes de un gobierno tiránico.
