La noticia es de hace unos días, pero viene muy bien para ilustrar la situación de "normalidad" que Sánchez sostiene se vive en el país. Menos de una semana después la misma vicepresidenta Calvo que desmentía los delitos en boca de Sánchez los pone en la suya en el Senado y responde airada a un senador del PDeCat que sus compañeros están en prisión preventiva por haber cometido delitos. Así, a la brava. Ni presunción de inocencia ni gaitas. Han cometido delitos. Lo sabe todo el mundo y los jueces así lo certificarán. Quizá no el de rebelión, pero sí otros igualmente nefandos. Los jueces decidirán.
Que para eso los ponemos nosotros. En una muestra de salud de la división de poderes, PSOE y PP negocian la composición del Consejo General del Poder Judicial y tratan de influir en la del Tribunal Supremo con jueces de su obediencia política. La pregunta es: ¿a dónde querrán llegar con eso?
Aquí, lo de menos es ya si las componendas tienen o no éxito, sino como saldremos de esta astracanada. Un gobierno dizque democrático y partidario de una solución política a la llamada cuestión catalana prosigue con la persecución política y causa general contra el independentismo disfrazada de farsa judicial que inició su antecesor.
Una farsa judicial es lo único que ofrece el Estado frente a un movimiento independentista que, habiendo proclamado la república catalana independiente, actúa como si lo fuera. En los actos parlamentarios y gubernativos así como la acción exterior del Consejo de la República toma cuerpo esa república independiente de hecho hasta que llegue a un punto de ruptura con el Estado.
Según se han puesto las cosas, la ruptura es inevitable. La cuestión es cómo minimizar los costes. Para todo el mundo.
