Mi artículo en elMón.cat de ayer, titulado Jueces injustos y políticos corruptos. Por desgracia, no requiere mayor aclaración. La jornada ha venido a confirmar lo desesperado de la situación. Tras el whatssapp de Cosidó (que pudiera no ser de Cosidó, sino de alguno/a más arriba) y la renuncia de Marchena, los tres partidos interesados en la renovación del CGPJ, PP, PSOE y Podemos, retiran sus candidatos. Consejo vacante.
El PP replantea su vieja fórmula: el CGPJ debe ser elegido por los propios jueces y magistrados. Y resurge así un debate de los primeros tiempos de la Constitución. El PSOE, por boca de su vicepresidenta del gobierno, defiende la fórmula también clásica del PSOE que juzga más progresista y democrático el nombramiento en sede parlamentaria.
En principio, para Palinuro, correcto. El nombramiento a través de jueces es sospechoso de prácticas corporativas y, tratándose de España, clientelares y hasta nepotistas. No hay más que mirar la composición de muchos órganos judiciales.
Pero resulta que el nombramiento parlamentario plantea otros problemas no menos graves, como la politización de la justicia, la última de las corrupciones. Un partido corrupto, como el PP, con mayoría parlamentaria absoluta acaba produciendo un poder judicial corrupto.
Aquí el texto en castellano.
Jueces injustos y políticos corruptos
Lamela es una incompetente. Por eso la han ascendido.
Llarena es un incompetente, probable causa de la nulidad de la farsa judicial
del 11-0; también ascendido. Lesmes, un incompetente, manipulador e intrigante,
irá a un destino radiante. Marchena otro incompetente enchufado nepotista y
ahora dimitido al que sus colegas alaban por su rectitud moral.
Pero sucede que esta cuadrilla de indeseables tiene en sus
inescrupulosas manos el destino de quince personas inocentes sometida a la
injusticia de sus inicuas decisiones. Estos magistrados y magistradas, jueces y
fiscalas que no saben dictar una euroorden, ni instruir un proceso, ni respetar
un reglamento, ni cumplir la ley tienen encerrados y/o exiliados por razones
políticas desde hace meses a ciudadanos ejemplares, representantes democráticos
que no han hecho otra cosa que cumplir el mandato popular.
¿Quién compensará a estas víctimas de un daño tan inmenso?
¿Quién les devolverá el tiempo perdido a ellos/as y sus familias? ¿Cómo puede
la sociedad no exigir su libertad inmediata el castigo ejemplar a los
victimarios prevaricadores al servicio de la tiranía española? La conciencia
moral española está muerta. Y, si se trata de victimizar a los dirigentes
catalanes y a todo el pueblo de Catalunya, está muerta y enterrada. Y eso es
grave, muy grave. En realidad, es indignante.
Es indignante que, para mantener un régimen podrido de
corrupción y latrocinio, administrado por los franquistas del PP o sus
sucesores, los neofranquistas del PSOE, sea preciso negar sus derechos y
encarcelar injustamente a la gente, destrozarle la vida y la de sus familias.
Es indignante que eso se haga por connivencia y orden de un
poder político corrrupto hasta la médula. Que la última fase de este
contubernio vergonzoso se haya descubierto por el whatsap de otro incompetente
que durante sus años como Director General de la Policía estuvo cometiendo todo
tipo de desmanes.
Es indignante que se haga con la colaboración y complicidad
activa del PSOE, que venía a acabar con la corrupción y a regenerar la
política. Su ministra de injusticia, otra incompetente en amistosas relaciones
con la mafia policial/judicial que va a lo suyo, habla de independencia
judicial, pensando que la gente es idiota. Por no hablar de su ministro del
Interior, otro juez incompetente que nunca veía torturas en donde las había.
Es indignante que el PSOE haya cerrado filas con el anterior
partido de ladrones y criminales para bloquear la investigación parlamentaria
sobre las presuntas corruptelas del Borbón emérito. Y también que haya llegado
a un acuerdo propio de granujas del hampa, para proteger al gran responsable
del saqueo de España, de la guerra sucia contra Catalunya, de la ruina del país
y su ruptura, el corrupto M. Rajoy (a) el Sobresueldos.
Y todo este panorama es el contexto en que se produce el
abuso de un juicio político a demócratas, apoyado por unos medios sectarios y
unos partidos políticos coincidentes en que “contra Catalunya todo vale”.
Incluida la “verdadera” izquierda de Podemos que se ha prestado a chantajear al
independentismo para que se olvide de nuestros presos/as y exiliadas/os
políticas.
Un sentido mínimo de la justicia manda anular esta farsa
judicial de raíz. Exonerar de cargos falsos a los/as presas/os y exiliados
políticos, reponerlas en sus cargos y proceder contra quienes han organizado
este ridículo pandemónium en el ámbito político y en el judicial.