Andan los medios españoles desmelenados con la contundencia de Sánchez en sus medidas innovadoras, de restauración de derechos y remedios de entuertos y los relatan embelesados: "un cargo, un salario", recuperación de la sanidad universal, acogimiento de refugiados, supresión de las cuchillas, garantía de paga extra a los pensionistas y mucho diálogo con Catalunya.
No es parva la muestra. Tanta que los de Podemos se ofrecen en sociedad con una batería de propuestas sociales antes de que Sánchez los madrugue. Era mucho lo que había (y hay) que hacer. Ayer, M. Rajoy hizo mutis para siempre. El epitafio de Hernando: se va el mejor presidente de la historia de España. Risum teneatis. Está claro que huye como alma que lleva el diablo por haber dejado el país en estado de quiebra moral, económica, política y territorial. Un destrozo inimaginable. No habrá agujero en el mundo en el que pueda escapar a su conciencia un individuo así. Eso si no lo imputan los jueces, ahora que ha perdido el fuero.
Volvamos al relato inicial. Todo son parabienes a que el gobierno central recupere la dignidad de las instituciones, vilipendiada por la asociación de malhechores, y los derechos de la ciudadanía. En cambio, todo son "paramales" cuando el govern catalá hace lo mismo en el ámbito de sus competencias: repone en sus puestos a los cargos destituidos ilegalmente vía artículo 155, restaura el servicio exterior de la Generalitat, recompone los departamentos devastados por la intervención española, reclama la liberación de los presos políticos e insiste en investir a Puigdemont; devuelve los derechos a los ciudadanos y la dignidad a las instituciones. ¿Por qué, según los medios, está bien que lo haga el gobierno español y no el catalán?
La cuestión radica en la expresión "el ámbito de sus competencias". Para el gobierno español, el parlamento español, los jueces españoles y los españoles españoles, ese ámbito es el autonómico y no da para las dichas y otras alegrías. Para el independentismo catalán ese ámbito es el de soberanía de la República, ejercida en condiciones de constricción por fuerza mayor, pero soberanía en todo caso.
Es imposible que ambos puntos de vista coincidan en algo. Ni siquiera en el punto de fuga. De este modo y dado que el presidente Torra bien pudiera ser Torre y hasta Torreón, el gobierno no tiene otro remedio que hacer como que no se entera porque, si se da por enterado, tendrá que aumentar la población de presos y exiliados políticos, intensificando el problema. Es decir, el gobierno tiene que hacer como que no ve una clara situación de poder dual en España, de un lado el Estado español y, de otro, la Generalitat que, sin reconocimiento formal de parte, de hecho lo es.
Hay un territorio jurídicamente del Estado español pero políticamente exento que coincide con la República Catalana, esa que según el gobierno central no existe, pero actúa. El presidente Torra piensa pedir al rey formalmente que se disculpe por la violencia del 1-0. El MHP es una buena persona. Otro le pediría que se disculpase de las dos cosas: el 1.O y el discurso del 3 justificándolo. Por lo demás, si Felipe VI quiere, puede tomar ejemplo de su padre, ponerse ante la pared con gesto compungido recitando: "Me he equivocado. Lo siento. No volverá a suceder". Que un presidente de govern republicano exija disculpas al rey entra en los principios de la dignidad ciudadana, pero no entre los del servilismo monárquico. Si el legislador español admite que el rey es inmune, ¿cómo va a aceptar que se le exijan disculpas? El poder dual, republicano en Catalunya y monárquico en España.
Acepten ya que tienen un poder dual que debe negociar en condiciones de igualdad de gobierno a gobierno. Y no solo poder dual. También hay un territorio y una población exentas. Los tres elementos del Estado, poder, territorio y población. O de fragmento de Estado, usando la expresión de Jellinek. Felipe de Borbón no puede entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona porque la ciudad lo tiene declarado persona non grata, así como al virrey Millo. Esto en tiempos del Rey Sol no pasaba. En tiempos de Franco, el sol de él y de su padre, tampoco. Ni valer el fuero por la fuerza puede el rey porque habría que obligar a los gironins a asistir al acto a punta de bayoneta y ya se sabe, según célebre dicho, que con las bayonetas puede hacerse todo menos sentarse en ellas. Tendría que traer el auditorio a base de fletar autobuses con bocata, al estilo del día de la Raza. No ha lugar. El rey es persona non grata y la República es por definición territorio exento de monarcas. Els catalans no tenim rei. Mi dispiace, maestà.
Son encomiables los esfuerzos dialogantes del gobierno, aunque no tan vistosos como los exabruptos del ministro Borrell, llamando a la discordia civil; ese ministro de Exteriores cuyo único exterior es Catalunya. El intento de Batet de resolver el conflicto político por la vía del diálogo es aun más encomiable; pero no tiene pasado ni futuro; solo un titilante presente. No tiene pasado porque ya vale a los socialistas descubrir ahora que se trata de un problema político cuando fueron los principales defensores de la criminalización del procés, su judicialización y la aplicación más severa si se podía del 155.
Y tampoco tiene futuro. Por supuesto que se puede dialogar y dialogar y dialogar cuanto se quiera sobre reformas constitucionales, milagros federales, resurrección de los estatutos muertos y otras cuestiones quodlibetales. Pero hay un asunto que es previo y requisito indispensable: se dialogue sobre lo que se dialogue, los presos políticos deben ser liberados sin cargos. No es posible construir nada racional o humano sobre la injusticia y el sufrimiento de inocentes.
El consabido argumento, usado ya por el gobierno anterior de la separación de poderes y la jurisdicción de los tribunales es una repetición de la falacia que demuestra cómo la voluntad de diálogo a base de reconocer el carácter político del conflicto es falso. Fue el gobierno anterior el que metió en la cárcel (descabezó, para ser más precisos, como decía la vicepresidenta de infeliz memoria) a los presos políticos; el gobierno actual debe liberarlos. De lo contrario, la recuperación de derechos será para unos pero no para otros.
