La Vanguardia no se corta y habla de "carrera electoral", justo lo que todos los demás, unos más sinceramente que otros, rechazan. No es el momento; no es el momento.
El bloque del 155 se niega a autorizar la publicación del decreto de nombramiento del govern en el DOG en su integridad porque incluye los nombres de dos presos y otros tantos exiliados políticos. De inmediato se ha armado un guirigay jurídico por entenderse que el gobierno se extralimita groseramente en sus funciones e incurre en ilegalidad e inconstitucionalidad. De un lado invade el territorio de los jueces que son quienes deben decir si sus presos salen o no y, de otro, incumple una obligación taxativa, pues la publicación del decreto en el DOG no es discrecionalidad sino un acto debido.
Todo esto son las quisicosas del funcionamiento institucional ordinario. Un revoltijo confuso en el que prevalece el hosco ceño del PSOE, dispuesto a prolongar un 155 endurecido hasta las calendas griegas y a reformar el Código Penal para convertir en delito el independentismo. Es decir, dispuesto a liquidar el remedo de Estado de derecho que es España para convertirla en dictadura.
Tan autoritaria y represiva es la respuesta española que, sin temor al ridículo, El País afirma que la extensión del 155 obliga a Torra a gobernar con Rajoy y sus ministros. Alguien con sentido del humor podría decir que la Gran Coalición que se vislumbra no es PP-PSOE, sino PP-Independentistas. Con menos sentido del humor y más realismo, se puede interpretar que el Estado español intensifica su tratamiento colonial de Catalunya. Si el Govern no puede gobernar ni el Parlament legislar ni la Hacienda catalana administrar, si la intervención del Estado en forma de gobierno directo alcanza, como parece que hará, a los medios de comunicación públicos, ¿qué otra opción queda a la Generalitat sino convocar elecciones y a la población ofrecer resistencia pasiva a la autoridad española?
La hipótesis de elecciones generales cobra fuerza. Sostenemos que los dos partidos dinásticos, PP y PSOE juegan a ellas, perfilando una posible alianza de Gran Coalición. Y, con todo descaro, C’s. El mitín de ayer, una especie de aggiornamento de la estética fascista de los años treinta ha encontrado un eco alarmado en las redes y preocupa mucho a los partidos “de orden”. La retórica patriótica del joven cara al viento “solo veo españoles”, es como la del Kaiser Guillermo II que solo veía alemanes antes de enviarlos a matarse contra los franceses. El culto a la nación española más resabiado y cañí con los efluvios seudoliberales del “patriotismo constitucional”. El eclecticismo de Rivera, que otros consideran erróneamente falta de principios lo absorbe todo. Lugar al que va, conflicto al que se enfrenta, consigna que se apropia si cuenta con mayoría electoral.
Los dos partidos dinásticos tradicionales miran con horror el ascenso del fascismo sonriente de espabilados brokers que, además plagian tácticas vencedoras en Catalunya, esto es, la movilización social, un éxito del independentismo. Lo han intentado en la propia Catalunya con organizaciones como SCC y similares, pero no les ha salido. Están muy identificados con la extrema derecha española. Ahora prueban suerte en España. Es la segunda vez que Rivera lo intenta. Lo hizo en 2012, con un Movimiento Ciudadano de escaso éxito y reincide ahora con una España ciudadana, en un alarde de sincretismo comunicativo en donde se juntan los patriotas del garrote y los de las tarjetas black. El terror de los dos partidos de la vieja escuela conmueve el ánimo. No saben cómo hacer frente a un discurso con el que, en el fondo, se identifican. Debieran tranquilizarse porque el nuevo experimento tampoco cuajará.
La situación de la izquierda es de velorio. Podemos ha quedado reducido a una cuestión de catastro y el PSOE, en su frenesí nacional español, está aceptando las motivaciones de la “cruzada” de 1936.
El horizonte electoral se complica por otras vías. Hay también municipales y autonómicas; queda por ver si las catalanas son antes o después o durante las generales; y, sobre todo, queda por ver si los independentistas se presentan a las elecciones generales. Es un asunto que afecta a la República Catalana. ¿Tiene sentido enviar representantes al órgano legislativo de un país extranjero? Teóricamente, no; prácticamente, es posible que sí. Poco o mucho, el poder en España reside en el Parlamento. Si los independentistas no envían diputados, toda la representación catalana será unionista, salvo que aquellos sostengan que las generales no se celebran en Catalunya y lo impongan, pero ello abriría un escenario lleno de imponderables. Quizá la imposición no pudiera mantenerse pero dejaría sin valor legitimatorio a las elecciones.