jueves, 29 de marzo de 2018

Urge la mediación exterior


Altamente preocupado por la seguridad de los políticos y los jueces en Cataluña, el ministerio del Interior aumenta la cantidad de escoltas. Sí señor, que anda el personal levantisco. ¿Y cuáles  aumenta? Las de los políticos y jueces no secesionistas. Estos son los habitantes de la Ciudad de Dios y los otros, los de la ciudad terrenal. Como están las dos juntas, no hay manera de distinguirlos... salvo que miremos si llevan escolta. Los buenos, la llevan; los malos, no.


Ese debe de ser el criterio de quienes administran la seguridad de los ciudadanos: los buenos, protegidos; los malos, desprotegidos. Cualquier otro criterio obligaría a incluir a los políticos "secesionistas" en la protección y en condiciones avanzadas. Todo el mundo sabe que la violencia viene abrumadoramente de la parte oficial y oficiosa del Estado, de los cuerpos de seguridad y las bandas de matones de extrema derecha que gozan además de un trato de favor de los tribunales verdaderamente escandaloso y van contra los independentistas en una proporción de 99/1.

El ejemplo es uno entre muchos. La judicialización del proceso ha dado lugar a un panorama lamentable, con el prestigio de España por los suelos, una vorágine carcelaria y procesal alarmante y un enquistamiento de la "cuestión catalana" en forma de crisis constitucional que nadie quiere reconocer pero tiene paralizado el gobierno de España.  La voracidad judicial del B155 es abrumadora y acabará tratando de encarcelar a la mayoría absoluta parlamentaria. En ese momento se planteará ya la urgencia de una mediación internacional. Siendo por entonces evidente que se trata de un proceso político, una causa general contra el independentismo sin que haya habido recurso alguno a la violencia. 

Es un ataque en toda regla contra la libertad de expresión. Ayer mismo, tres procesados más, los dos mossos y el profesor de Historia y la orden dada al gobierno del Ecuador de que corte la conexión de internet de Assange, que estaba tuiteando comparaciones entre Companys y Puigdemont. 

El gran fallo de la táctica del B155: no ha podido demostrar la violencia ni quebrar la unidad del movimiento. Y no será porque no lo haya intentado. Hace años que ese mismo ministerio del Interior recurre a actividades muy por debajo del principio de legalidad y acusadas de delictivas, como la operación Cataluña, las sospechas sobre el atentado de las Ramblas o la costumbre de agentes de la guardia civil o la policía nacional de infiltrarse para provocar alborotos, que haya violencia y justificar así todo el plan judicial del B155.

De eso, de esa violencia extendida y estructural, amparada, si no promovida por el Estado, de los ataques a la libertad de expresión, de la injusticia de una justicia política al servicio del poder es de lo que una mediación internacional debe protegernos. Porque, de intensificarse la represión y la resistencia es fácil que se alcance un punto en que dicha mediación haya de dar paso a una intervención.