Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy. No me molesto en hablar de él porque aporto la versión castellana. La conclusión es que el gobierno debe reconocer el resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado y actuar en consecuencia, garantizando que los candidatos electos puedan ejercer su derecho de sufragio pasivo, tomar posesión de sus actas de diputados y constituir un gobierno de acuerdo con dichos resultados. Sí, ya sé que hay muchas voces y pretensiones en juego, incluidas las judiciales. No estamos para perder el tiempo. Corresponde al Estado garantizar los citados derechos, cosa que apoyo con la cita textual del famoso 9.2 de la Constitución: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Que el principal obstáculo que el Estado deba remover sea él mismo, en su desaforada acción, es cosa que solo a él compete.
Versión castellana.
La República Catalana y su gobierno
Cataluña es la tumba de los restos del Imperio español que, queriendo sobrevivir, afirma ser un Estado democrático de derecho en normales relaciones con las democracias de su entorno europeo. Sin embargo, es incapaz de comportarse como tal sino como un manojo de incompetentes y malhechores. Su fechorías pueden ser de largo alcance, como el saqueo de la hucha de las pensiones (esa sí que será herencia para el gobierno posterior), o directas e inmediatas, como el desastre de la AP6. Pero en los dos casos, los factores son los mismos: latrocinio e ineptitud. Como siempre en estos casos, en el momento del desastre, el ministro estaba en los toros, en el fútbol o en algún spa, haciendo lo único que saben hacer: nada. Y, por supuesto, el resultado es el mismo. Aquí no dimite nadie, por ruinosa y dañina que sea su gestión. Al contrario, cuanto peor sea esta, y más inmoral, más se asciende al responsable. Ahí está para probarlo, el presidente M punto Rajoy, acusado de cobrar sobresueldos en B y a quien, como al responsable del desastre de la AP6, jamás se le ha pasado por la cabeza dimitir.
Cuando toca a Cataluña, España tampoco es un Estado de derecho, pero no solo para convertirse en un Estado de desecho, sino para vestirse asimismo de tiranía. Los corruptos e inútiles que expolian en España se convierten en déspotas arbitrarios cuando miran hacia arriba.
Desde el 27 de octubre de 2017, Cataluña es una República independiente por voluntad mayoritaria de su parlamento legítimo. Un intervención desaforada e ilegal del Estado creó una situación excepcional de hecho,con el presidente del gobierno catalán en el exilio, el vicepresidente en la cárcel, el gobierno destituido, el Parlamento clausurado, todo ello pendiente a su vez de unas elecciones el 21 de diciembre pasado, que habían de aclarar el futuro de Cataluña. El resultado de estas fue un nuevo triunfo del gobierno legítimo de la Generalitat y la repetición de la mayoría parlamentaria absoluta independentista:
¿A qué espera el gobierno para reconocer este resultado, reponer a los exiliados y encarcelados en sus puestos, a la mayoría parlamentaria en el suyo y permitir que el Parlamento continúe con su labor, interrumpida a raíz del golpe de Estado del bloque del 155 (PP, PSOE, C’s)? Obviamente a que los jueces, movidos por la fiscalía, que cumple órdenes del propio gobierno, le hagan el trabajo sucio, impidan que los cargos electos ocupen los cargos para los que han sido elegidos y presten un disfraz jurídico a la pura arbitrariedad y tiranía de un gobierno de malhechores que usurpa las instituciones de Cataluña y boicotea su funcionamiento como Estado democrático de derecho, cosa que él no es.
En esta situación de arbitrariedad, despotismo, indebida injerencia judicial, ilegalidad de hecho y sabotaje español de las instituciones catalanas reina la más absoluta inseguridad jurídica y el atropello a los derechos de los ciudadanos. Tanto es así que hasta Arrimadas cree que puede llegar a la presidencia de la Generalitat, que las urnas no le han dado, pasando por encima del exilio y la cárcel de sus adversarios.
El único inconveniente para los planes españoles de aniquilar por el abuso y la fuerza el independentismo catalán es que este ha ganado las elecciones que los mismos españoles convocaron en condiciones de irritante desigualdad a su favor y en contra de los catalanes. Toca, pues, al presidente y vicepresidente legítimos de la Generalitat componer el gobierno que fue ilegalmente depuesto el 27 de octubre y repuesto por voluntad popular el 21 de diciembre. Cómo vaya a organizar política y judicialmente esta restitución el bloque del 155 es asunto que él deberá acometer y es de esperar que lo haga con algo más más de eficacia de la que muestra en la gestión del tráfico aunque menos de la tiene en saquear el erario.
Los candidatos electos, Puigdemont, Junqueras, etc., deben tomar posesión de sus cargos, junto con el resto del gobierno legítimo de la Generalitat el próximo 17 de enero sin más trampas ni dilaciones. Los procesos penales abiertos por unos jueces complacientes con la tiranía del PP con el fin de montar una causa política general contra el independentismo deben archivarse. El conflicto debe resolverse en el único ámbito en que se planteó por la parte catalana, el de la negociación política y el acuerdo y del que se ha desviado por el carácter marcadamente franquista de los gobernantes y los jueces que los secundan.
Mientras el gobierno español encuentra una vía para salir del hoyo dictatorial en que se ha metido con ayuda de los irresponsables del PSOE y C’s, los catalanes harán bien en barajar todas las posibilidades que conduzcan al restablecimiento de la legítima Generalitat. Y en poner en práctica las que mejor garanticen la independencia y seguridad de la República Catalana.
Incluida una medida de resistencia frente a la tiranía consistente en no aceptar las condiciones humillantes e ilegales que dicte la coyunda de gobernantes y jueces al amparo del 155. La mayoría absoluta del Parlament podría negarse a constituirse en condiciones abusivas e ilegales y practicar lo que se conoce como la “retirada al Aventino”: los diputados independentistas se reunirían en otra parte, incluso fuera de territorio español, en parlamento legítimo de Cataluña, y dejarían a la señora Arrimadas, al señor Iceta y al señor Albiol reducidos a lo que son: una tertulia televisiva española.
