Los analistas políticos tienen un motivo más de agravio con el PP y su jefe, Rajoy, pues los están dejando sin trabajo, que pasa a los cronistas de tribunales. La política en España hace años que se ventila en procesos judiciales de todo tipo. Ahora se añaden los juicios políticos contra el independentismo catalán para echar más picante al guiso. El Parlamento no cuenta y el gobierno tampoco y, cuando cuenta, es por otro punto de escándalo, como el reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Rajoy y en el que eliminaban unos cuantos registros de la propiedad de España, entre ellos el de Santa Pola II, el directo competidor de Rajoy. ¿Política? Todo lo que tenga de política el juzgado de guardia.
El último giro judicial de la Púnica que enlaza con la Gürtel muestra que el gobierno de la Comunidad de Madrid era un lodazal de corrupción desde el primer momento. Y ahí está Esperanza Aguirre diciendo ser la primera víctima de la corrupción. La que aseguraba haber destapado la Gürtel. La que dice cualquier cosa con su habitual altanería e impaciencia, como si presidir durante años un gobierno corrupto hubiera sido un castigo y no una decisión suya que renovaba con campañas electorales financiadas ilegalmente. Es pasmoso que alguien con ese historial (o es tonta o es corrupta o ambas cosas a la vez) ose salir a los medios regañando a todo el mundo, perdonando la vida a los demás y muy ofendida de que se ponga en cuestión su integridad. De su eficacia ya no habla.
Es un comportamiento colectivo de la asociación de presuntos malhechores a la que llaman partido político: dar lecciones de lo contrario de lo que ellos practican. Cospedal pone en guardia ante las intenciones totalitarias de Podemos en relación a los medios. Eso lo dice desde la altura moral que proporciona haber tenido a Nacho Villa de jefe de televisión de Castilla La Mancha durante cuatro años.
Rajoy quiere boicotear a toda costa la comisión de investigación sobre la caja B del PP (esa que no constaba, ni consta ni constará a Aguirre) y amenaza con otra para investigar la financiación de todos los partidos en el Senado, en donde tiene la mayoría absoluta que le falta en el Congreso. Al margen de otras cuestiones, ¿no es obvio que tratar de impedir una comisión de investigación sobre la caja B del PP equivale a reconocer su existencia? La caja B con la que se han financiado elecciones fraudulentas, pagado sobresueldos a los dirigentes de la asociación, con Rajoy a la cabeza, y perpetrado quién sabe cuantas fechorías más. No importa: ellos saben como nadie que es mejor no remover el pasado. Y así lo dicen.
Lo que parece haber sucedido es que esta asociación, fundada por un exministro de Franco y llena de franquistas reciclados o sin reciclar, viéndose con mayoría absoluta ya en época de Aznar II y, por supuesto, en la de Rajoy I, se lanzó de lleno a su destino en lo universqal: robar. Pero olvidó algo: en tiempos de Franco se robaba impunemente porque no había prensa. Aquí el caso es distinto y, aunque a trompicones y con unos medios comprados y/o amordazados, los delitos del poder salen a la luz y, aunque a trompicones y con muchos palos en las ruedas, la justicia avanza. Así que no es descartable que en un futuro cercano Rajoy sea llamado a declarar en el proceso de los papeles de Bárcenas, en los que figura como receptor de cuantiosos sobresueldos durante largos años.
En todo caso, este es el gobierno que debe gestionar la mayor crisis constitucional de España desde la Transición. Quizá desde antes.
