El asunto del referéndum catalán tiene a todo el mundo en ascuas por muy diferentes motivos. En el caso de Podemos, como puede verse de las muy interesantes declaraciones de su diputado, Rafa Mayoral la convicción es firme: debe haber un referéndum y debe ser pactado. La idea del referéndum pactado no es precisamente original. Podemos la comparte con el bloque de Junts pel Sí; la comparte con Carles Puigdemont. La diferencia arranca a la hora de decir qué se piensa hacer si el Estado se niega a pactar referéndum alguno. Los independentistas dicen que, si no hay pacto, harán un referéndum unilateral (RUI). Podemos sostiene que eso no toca, que las consultas de "participación popular" están muy bien, pero carecen de eficacia. Como diría Rajoy, "no tienen efectos jurídicos". La alternativa que, por supuesto no se formula con claridad, es esperar. ¿A qué? A que el Estado haga suya la opinión del Tribunal Constitucional de que es posible un referéndum pactado.
Sin embargo, esto no es necesario. La posibilidad de un referéndum pactado está en la Constitución y su legislación de desarrollo. Basta con querer hacerlo. Lo explica mucho mejor que yo Francisco Javier Torices Pino en un artículo titulado ¿Es legal un referéndum en Cataluña sobre Catalunya? Basta con tener la voluntad política de hacerlo. Esa falta de voluntad política es la que se oculta detrás de la permanente afirmación de Rajoy de que la ley no permite el referéndum. Y lo mismo sucede con el PSOE y C's, con los tres partidos dinásticos. El "no" al referéndum es ampliamente mayoritario en el Congreso y así seguirá siéndolo. Hay más posibilidades de encontrar un unicornio por las Vistillas que de conseguir un referéndum pactado en Cataluña. Insistir en él equivale a pedir a los catalanes que se olviden de las veleidades referendarias, lo cual es inquietante cuando uno reconoce que más del 80 por ciento de aquellos quiere el referéndum, con independencia del resultado. Exigir un referéndum pactado a quien no tiene la menor intención de aceptarlo equivale a renunciar a él.
¿Es eso lo que se pretende? Evidentemente, no. Pero ¿cómo salir del paso? Aprovechando un oportuno deus ex machina en forma de En Comú Podem que es y no es Podemos pero sí definitivamente catalán, bajo inspiración de Ada Colau y función ejecutiva de Xavier Domènech. Mayoral, Podemos español, partidario del Estado plurinacional, en las cuestiones de estrategia catalana se remite a lo que En Comú Podem determine. Este es un asunto que incide en la viabilidad interna de Podemos como organización española. Su presencia en Cataluña está sometida a las mismas tensiones que lo estuvo la pareja PCE/PSUC y lo está la PSOE/PSC, pero con un agravante: que, para evitar la acusación de sucursalismo, Podemos tiene una presencia secundaria en En Comú Podem, en donde la alcaldesa Ada Colau, aclara que ella no es de Podemos y que en En Comú Podem hay gente con todas las orientaciones. Podemos es parte no decisiva de un conglomerado mayor y ha de aceptar la posición que en todo momento tenga su alter ego catalán, lo cual dice mucho de su genuina convicción plurinacional, pero arroja la sombra de la duda sobre su viabilidad como fuerza política estatal.
Y ¿cuál es aquella posición ahora mismo? Que, si no hay referéndum pactado, no debe procederse a un RUI, sino a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Podemos hace suya la propuesta porque evita los dos riesgos opuestos: la confrontación de un RUI y la espera interminable a que aparezca el unicornio. Suena razonable. Una posición intermedia, siempre con buena prensa. Pero si se piensa un poco más, no está tan clara. ¿Por qué se propugnan elecciones anticipadas (implícitamente viene a decirse para septiembre, fecha del referéndum previsto) si la estabilidad parlamentaria en Cataluña, en principio, está garantizada? Porque hay una sensación general de que se vive en una situación única, decisiva, tanto si se hace el referéndum como si no se hace. En estas circunstancias, habiendo llegado hasta aquí, la opción de no hacerlo no está abierta a la Generalitat que seguirá adelante convocando un RUI. Y el Estado no parece dejarse a sí mismo más opción que impedirlo. La petición de elecciones que irían acompañadas, claro, de la renuncia al RUI, tienen la función de hurtar el cuerpo al conflicto, evitar la confrontación, con la esperanza de que según sea el resultado electoral, quepa cambiar de negociadores en la parte catalana. Es tentador y refinadamente claudicante, para no perder mucha cara, pero no basta para que el independentismo desista de su hoja de ruta.
La cuestión reside en averiguar hasta dónde están dispuestas a llegar ambas partes, Estado y Generalitat, la una para realizar el referéndum y la otra para impedirlo.
Es una cuestión abierta. Y quedan meses.
