Antes de que este nuevo disparate siga adelante en forma de bola de nieve, conviene parar un poco, enfríar los ánimos y ver las cosas con perspectiva.
La reacción del gobierno de instar procedimiento penal contra Forcadell es extemporánea, disparatada y abre una vía de confrontación que a saber. Es cosa de su carácter autoritario, desde luego, pero tremendamente inepta. Si el gobierno cree que el Parlamento de Cataluña ha aprobado (cuando lo haga) una norma anticonstitucional, recúrrala en tiempo y forma. Esta decisión de mandar a los jueces al comienzo del acto es preventiva y, por tanto injusta. Se nos dirá que está prevista en la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Y las leyes se cumplen. ¿Se entiende ahora por qué es tan hipócrita contraponer el cumplimiento de la ley a las pretensiones soberanistas catalanas? Esa ley de reforma es injusta. Es peor que injusta pues desnaturaliza al Tribunal Constitucional al convertirlo en ejecutor de sus propias decisiones que, dada su naturaleza, son las del gobierno. Configurar como delito la admisión a trámite de propuestas legislativas que el Tribunal Constitucional ha prohibido de antemano es una perversión del juego de los poderes del Estado. Faculta al Tribunal a condicionar el contenido de las materias de que puede tratar un Parlamento y eso es algo insólito.
Esta forma autoritaria de actuar lleva directamente a la confrontación en un terreno explosivo, en el que una parte, el gobierno, entiende habérselas con un problema de orden público, código penal y represión y la otra, la Generalitat, plantea una voluntad de ruptura no de la ley sino de la legitimidad del conjunto. Es previsible la inestabilidad y hasta confrontaciones de gravedad. No es inhabilitando a Forcadell como van a arreglarse las cosas para el gobierno ya que, detrás de ella vendrá otra u otro que hará lo mismo. La solución solo puede ser inhabilitar al Parlamento mismo. Pero eso no puede hacerse.
Así, con ánimo constructivo, cabe hacer una propuesta antes, en efecto, de que el disparate siga adelante. La propuesta parte de la formación de un gobierno en España alternativo al del PP. Uno en cualquiera de sus dos variantes, con o sin C's y sin o con los indepes catalanes. Ese gobierno podría ofrecer a la Generalitat una tregua en las hostilidades institucionales. Habilitar un plazo durante el cual ambas partes se abstuvieran de medidas conflictivas y buscaran de común acuerdo en una mesa de negociación algún tipo de solución. De encontrarse esta, podría luego someterse a la aprobación del Congreso y a referéndum en Cataluña. Un referéndum con dos opciones: la propuesta acordada en negociación o la independencia. Para el gobierno español representante del Estado, sería una estrategia de minimax y, para la generalitat, una de maximín.
