La democracia es el ágora, el foro; desde los tiempos de los griegos y los romanos. El espacio público en el que los ciudadanos debaten los asuntos de interés común. El lugar en el que se habla, se delibera, se razona, se acuerdan decisiones colectivas. Hasta en los tiempos más oscuros de la Edad Media se mantuvieron formas democráticas mínimas de carácter municipal, con asistencia pública a concejos o similares. Muy distintos según los países, pero a partir de los cuales fueron surgiendo luego los órganos deliberantes en las ciudades, hasta que el ascenso de la burguesía en el siglo XVIII institucionalizó el ámbito de lo público, la Öffentlichkeit habermasiana, como un lugar de encuentro y discusión de unos ciudadanos razonantes y críticos. Así nacería también la opinión pública y, en paralelo las instituciones representativas, eje de la forma de gobierno moderna, la más importante de las cuales es el Parlamento, esto es, el lugar en el que se habla. Porque hablar, debatir, deliberar, es la esencia misma de la democracia.
La política se hizo comunicación política.
Con la irrupción de los medios, la expansión de la prensa escrita (causa y efecto de la alfabetización de las sociedades), la aparición de los audiovisuales, especialmente la televisión y también el cine, el ámbito público invadió el privado y colonizó toda la acción social, arrebatando al Parlamento la centralidad del debate. La opinión pública se hizo más plural, más crítica, más informada y de mayor peso. Disponía de gran diversidad de fuentes. Entre ellas, las voces de los intelectuales que, ya desde el Rheinische Zeitung de Marx, se hicieron fuertes en sus barricadas de papel. Los filósofos se expresaban en la prensa. Parte de la obra de Ortega está en los periódicos. La de Sartre, en una revista. Y con ellos, muchos otros. Filósofos, literatos, sociólogos, psicólogos, juristas, expertos variados están permanentemente en los medios, generando opinión pública.
La comunicación política se convirtió en la metateoría de las teorías políticas y la opinión pública.
Y ahora, internet, las redes sociales. Muchos sostienen que hemos entrado en una nueva forma de ágora, de ámbito público. Sin duda. Es el ágora digital, una realidad inmediata que condiciona la interacción social sin que quienes en ella participan tengan claro cómo funciona. Porque, sobre ser nuevo este ámbito, es muy proteico, cambia continuamente de formas y pautas y presenta un elemento de incertidumbre.
Justo en el momento en que la comunicación política se ha convertido en el arte de manipular la opinión pública al extremo de poner en cuestión la esencia misma de la democracia.
Lo anterior está basado en una convicción democrática que todos compartimos, al menos públicamente, esto es, la de que el ámbito publico debe ser libre, de libre acceso y garantizar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información veraz, etc. No puede haber censura ni manipulación por razones ideológicas o políticas. En realidad, por ninguna razón. Otra convicción general es que, así como los medios de comunicación privados pueden tener la ideología que quieran, los públicos deben carecer de ella, ser imparciales, plurales y garantizar el acceso a todas las opiniones. Si estas convicciones dejan de operar, si el gobierno las quebranta de modo deliberado y sistemático, no es posible hablar de democracia.
El presidente Rajoy inició su mandanto modificando la Ley de Radiotelevisión para nombrar un director general sin consenso, solo con los votos de su partido. La finalidad, patente: poner la RTVE al servicio del partido y el gobierno. Como está y a niveles de vergüenza. Telemadrid no puede verse y la RTVE comete diariamente los mayores atentados a la deontología periodística. No se informa sobre manifestaciones multitudinarias o, si se informa, es para dar noticias de altercados, sincronizadamente con las fuerzas de orden público a las que muchos testigos acusan de ser quienes los inician. Pero se emiten verderos publirreportajes y ditirambos al gobierno. Los medios no solo reflejan una realidad distorsionada. Llegado el caso, se la inventan. En la Televisión de Extremadura dan el discurso íntegro del presidente, como si esto fuera el sultanato de Omán y, cuando toca hablar a la oposición, pasan un episodio de una serie. Este es el régimen normal del audiovisual público. Pura propaganda y, en algún caso, como en Castilla La Mancha, Agitprop. Llenan además las tertulias y debates de comunicadores afines al gobierno, parásitos y bufones a los que mantienen con cargo al erario. Llaman habitualmente debate al linchamiento dialéctico.
Los medios privados, escritos o audiovisuales forman un cerrado frente progubernamental. En unos casos por afinidades ideológicas, fáciles de entender entre el gobierno de la derecha y los empresarios de los medios, muchos de los cuales tienen intereses en otros sectores generalmente dependientes de las decisiones de la autoridad. O bien por pura dependencia económica de los medios escritos frente a los poderes que discriminan en la publicidad institucional y en las subvenciones. El periódico más favorecido por el gobierno, La Razón, es el de menor difusión pero más ímpetu en su defensa, hasta el extremo de haber inventado un género nuevo, el del comic serio. La abundante presencia de comunicadores no ya de derechas sino furibundamente reaccionarios y agresivos, al estilo del Tea Party, descompensa de tal modo ese ideal ámbito público de debate democrático que lo convierte en una burla. Se habla mucho de las puertas giratorias en cuestiones económicas, pero las político-mediáticas son un hecho cotidiano. La señora Aguirre pasa de ser presidenta de la Comunidad de Madrid a candidata a la Alcaldía y columnista del ABC. La señora Aguirre columnista opina sobre la señora Aguirre candidata.
Realmente, en el ámbito mediático solo se oye el ruido y el discurso de la derecha.
Con las instituciones sucede lo mismo. El Parlamento no existe. Ni siquiera legisla, pues eso lo hace por decreto el gobierno. No se habla de nada que disguste a la mayoría de la derecha. O sea, no se habla de nada. No se habla. De vez en cuando, el señor Rajoy lee un papel, habitualmente, mal. La oposición lo critica, los suyos aplauden y se hace lo que él ha leído. ¿Debate? ¿Discusión? ¿Rendición de cuentas? ¿Explicaciones? ¿Asunción de responsabilidades? Por favor. No confundan la libertad con el libertinaje. De los tribunales, no hablemos. La lucha desesperada de los dos o tres jueces empeñados en hacer justicia en asuntos que incomodan al príncipe empieza a rozar lo legendario. Como legendaria es ya la identidad de criterios del Tribunal Constitucional y el gobierno que nombró a su presidente entre lo más granado de su militancia. La Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, la Defensora del Pueblo, Marquesa de Salvatierra, etc. están secuestradas, convertidas en dependencias privadas del gobierno.
Las instituciones están al servicio del partido que, a su vez, está al servicio de la voluntad omnímoda de su presidente y presidente del gobierno. Esto, ¿cómo se llama?
Por último, el ámbito público digital. Aquí se concentra la escasa oposición que se da en España. Unos cuantos diarios digitales y las redes sociales. Si es algo que se hará ver en la política real se comprobará en breve. Pero el gobierno no duerme sino que, como las vírgenes prudentes, mantiene la vela encendida por lo que pueda pasar en un ámbito tan nuevo e imprevisible. Y no se limita a vigilar a los tuiteros y echarles mano cuando atenten contra las convicciones del pío ministro Fernández Díaz o a aprobar una ley de propiedad intelectual que permita acogotar a quienes se expresen en la red. Va más allá. La intención es pervertir la nueva ágora pública digital, manipulándola, pretendiendo hacerla inservible o colonizarla, como ha hecho con la mediática.
La jefa de la campaña electoral de Esperanza Aguirre está siendo investigada por tramitar contratos con dinero público a través de la red Púnica para mejorar la reputación en internet de altos cargos del Gobierno regional, entre ellos, el actual consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y el presidente, Ignacio González. Bien. ¿Qué llama la atención de esta noticia? Exactamente, la finalidad, "mejorar la reputación en internet de altos cargos", etc. Y eso, ¿cómo se hace? Esos dineros públicos ahora investigados han ido a parar ¿a quién? Y por hacer ¿qué? ¿A pagar trolls, comentarios en las redes, fabricación de noticias, fakes? ¿Cómo se mejora la imagen de Ignacio González en las redes? ¿Mintiendo, engañando, falseando la realidad con el dinero de todos?
Los mismos que destruyen los discos duros de sus tesoreros son los que gastan fortunas de dinero público en embellecerse en el ciberespacio, en pagar loas y ditirambos. Es decir, quieren destruir el nuevo ámbito público de internet. O controlarlo, lo cual vendría a ser lo mismo si pudieran y, en todo caso, llenarlo de la desvergonzada propaganda de sus telediarios y de las trolas y estupideces de sus tertulian@s a sueldo, la mayoría de l@s cuales es estomagante.
La intención es clara: privatizar todo lo público, incluida el ágora. En el fondo, privatizar el Estado, condición conveniente para ponerlo en manos de las multinacionales, como prevé el proyecto de TTIP.
