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Mas lo tiene facilísimo. Si no puede hacerse la consulta directamente por impedimentos legales se hará indirectamente a través de unas elecciones que llaman plebiscitarias, pero dentro de la legalidad.
Para la tradición revolucionaria, específicamente la comunista, eso de la legalidad tiene un valor relativo, meramente instrumental. Sí, casi el 50% ha votado a favor de la legalidad; pero más del 50% lo ha hecho en contra o se ha abstenido. ¿Quiere decir que vota a favor de la ilegalidad? Seguramente no. Pero lo deja en un limbo impreciso al asegurar que el derecho a decidir es previo y superior a la legalidad y que el apoyo que se le presta es superior a esta.
Por contra, la ponencia sobre el federalismo con inclusión del derecho a la secesión ha recibido un apoyo cerrado, superior al noventa por ciento. Por lo tanto, la discrepancia no está en la cosa en sí, pues se reconoce el derecho de secesión, ahora prudentemente llamado derecho a decidir. La discrepancia está en el método, el modo de ejercerlo.
El problema es que la vía legal es clara, previsible (aunque pueda dar sorpresas) mientras que la vía a-legal es imprevisible, incierta y, probablemente, deba ir justificándose sobre la marcha. Y ahí está esta compleja cuestión que formularemos como cadena de preguntas:
- ¿Qué vías indiferentes a la legalidad -si no claramente contrarias a ella- se proponen y cuál es su alcance?
- Y, para proponerlas, ¿se ha de esperar a que se agoten las legales o puede empezarse ya?
- ¿Se admite que, para saber el grado de apoyo de las propuestas, sea preciso concurrir a las elecciones?
- ¿Y no habrá que hacerlo como parte específica e independiente en lugar de como sector perdedor en la votación de la Conferencia sobre el modelo de Estado?