Ignoro todo sobre los aspectos jurídicos de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, primero porque no puede uno ir leyendo todos los documentos de trescientas páginas con que los tribunales riegan la vida pública y porque además no soy especialista en asuntos jurídicos. La ley tiene doctores y a su juicio me remito. Por todo cuanto sé, esa sentencia está escrupulosamente ajustada a derecho; es justa porque se atiene a la ley. Y, si no lo es, ya nos enteraremos prestamente.
Pero que sea justa según la ley no quiere decir que sea equitativa, que sea justa según otro principio de justicia, que algunos llaman "natural", un territorio en el que interviene la moral y hasta la política. Palinuro entiende que, lo primero de todo, aquí hay un problema político y en ese terreno cifra su discurso. De lo que se trata es de ver la situación política en la que esta sentencia se produce. El ámbito de la opinión, del juicio de la ciudadanía.
Dejamos de lado el hecho de que sea difícil explicar a esa ciudadanía que una catástrofe de estas dimensiones no tenga culpables ni responsables y deba entenderse como una catástrofe natural. Y ello en un tiempo que tiende a negar la existencia de esas catástrofes al dar por supuesto que todas tienen un elemento humano. Pero difícil no quiere decir imposible. Es tarea de los exégetas aclarársela al común en términos que este entienda.
También dejamos de lado que la decisión judicial recae en un tiempo en que no es infrecuente ver cómo presuntos delincuentes de todo jaez (pero mucho monto) se libran del procesamiento con las más diversas triquiñuelas o se benefician de la prescripción de sus delitos o simplemente son indultados. Y lo dejamos de lado porque los tribunales no tienen que actuar mirando las contingencias en su entorno.
Pero no podemos dejar de lado que el aspecto de las responsabilidades políticas está pendiente, que no se substanció en su momento y que, además, no prescribe. La catástrofe del petrolero tuvo unas dimensiones y consecuencias medioambientales enormes, desastrosas, ha cambiado los ecosistemas de kilómetros y kilómetros de costa gallega y alterado radicalmente la forma de vida de cientos de personas. Y eso no puede quedar sin explicación.
Un breve repaso a la memoria y la hemeroteca nos muestra una situación de crisis y catástrofe que fue gestionada de un modo irresponsable por los políticos encargados de ella, directamente el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, e indirectamente el entonces protavoz del gobierno, Mariano Rajoy. No debe de haber español que no recuerde aquella comparencia para dar cuenta de la peor catástrofe ecológica de la historia del país que le ganó el sobrenombre de señor de los hilillos.
El no depurar las responsabilidades políticas en su momento y no tener la menor intención de hacerlo retroactivamente es lo que de verdad daña el prestigio de las instituciones. La idea generalizada, convertida en amarga experiencia, de que el poder político en nuestro país, especialmente el de la derecha, goza de impunidad en todos los órdenes. Sus cargos pueden provocar las mayores catástrofes por su incompetencia; o meter al país en aventuras militares absolutamente temerarias; o estar hasta las cejas en las más turbias corrupciones; o aparecer involucrados en la presunta comisión de delitos; o no tener ni idea de lo que hablan. No dimite ni uno. Nunca. Su idea, al parecer, es que la política es así.
Como lo del Prestige.
