Desde que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, una narcisista mitómana y autoritaria, ignorante de la legalidad y del alcance de sus competencias, dijera por la radio que había que "modular" el derecho de manifestación, ya a nadie se le escapa la deriva dictatorial antidemocrática y parafascista del gobierno. "Modular", obviamente, quiere decir reducir o suprimir el derecho de manifestación. Igual que, en la jerigonza de esta indescriptible señora, "racionalizar el espacio público" quiere decir prohibir que quienes protestan puedan a hacerlo en él y se limiten si acaso (y ya se verá) al recibidor de su casa. Siempre, claro, que sean protestas de izquierdistas, librepensadores y ateos. Si son manifas de meapilas, curas y beatas no solo son libres sino que la propia Cifuentes participa en ellas.
Cifuentes es el ejemplo más acabado de la tendencia fascista del gobierno a suprimir derechos y libertades y restablecer las formas dictatoriales que son las que gustan a los gobernantes, en su inmensa mayoría simpatizantes, herederos ideológicos, allegados y parientes del franquismo y los franquistas. Por si alguien tiene alguna duda respecto a lo dicho, que eche una ojeada a este enlace del Libro de la familia genovesa en el que se da cuenta de cómo los neofranquistas gobernantes tienen literalmente copada la administración pública y todos los cargos de nombramiento con amigos y parentes enchufados. Hay casos de estirpes enteras, como los Fabra y los Baltar, muestras obvias de una forma de entender la política al estilo de la mafia.
Es el ejemplo más acabado, pero no es el único. Desde que llegó al poder el gobierno del PP ha puesto en marcha dos programas paralelos a cada cual más antipopular: el primero, el de los recortes, las socaliñas, las rebajas de salarios, las subidas de impuestos, el empobrecimiento general de la población a favor de los bancos. El segundo una verdadera involución moral, política, institucional de suprimir derechos y libertades para convertir nuestra endeble democracia en una robusta dictadura, que es donde la derecha se siente bien porque le resulta apacible.
Que me vengan ahora a la memoria hay los casos siguientes: una de esas paniaguadas directora general a dedo o algo así que envió una circular a FACUA amenazándole con declararla ilegal si seguía criticando las políticas del gobierno. El ejemplo se generalizó y varios otros enchufados en altos puestos han hecho llegar otras circulares a los funcionarios augurándoles represalias si eran críticos con el gobierno. Este, el gobierno, cambió la Ley de la RTVE solo para poder nombrar como director a uno de sus apesebrados, encargado de convertir la televisión pública en lo que es hoy, un producto de bajísima calidad intelectual en el que se hace propaganda a favor del gobierno mientras pierde audiencia a chorros.
El ministro de Justicia, el neofranquista Gallardón, tiene una actitud perfectamente nacionalcatólica en asuntos de moralidad: no a las bodas gays y no al aborto. Es decir, supresión de derechos en función de criterios puramente ideológicos ultrarreaccionarios. Incidentalmente cabe señalar que este Gallardón debe de ser hábil pues consiguió engañar a una parte de la izquierda bienpensante del país haciéndose pasar por moderado, centrista y tolerante cuando es un ultramontano hipócrita. Claro que habría que ver si esa izquierda bienpensante, en efecto, había sido engañada o participaba del engaño.
Y si Cifuentes quiere suprimir el derecho de manifestación excepto para los curas, Mayor Oreja, probablemente el político más denso mentalmente del horizonte conservador, rayano en la estolidez, sugiere que la televisión censure la noticias y no dé las de manifiestaciones porque, dice, "incitan" a manifestarse y le rompen, supongo, su plácida siesta.
(La imagen es una captura de un vídeo de Libertad Digital en You Tube, bajo licencia Creative Commons).
