Hay claros indicios de polarización de la sociedad española. Lejos de apaciguarse, la vida pública se ha crispado más con el triunfo electoral de los conservadores. Apoyados en su mayoría absoluta por un lado y en la crítica situación del país por el otro, han creído que podían aplicar un programa de reformas profundas, radicales, impopulares, sin preocuparse de la oposición. Un error. Esta es una sociedad muy compleja, capaz de detectar cuándo la oposición parlamentaria es irrelevante y de articular otra sustitutoria en la calle.
La derecha insiste en que la oposición debe hacerse en el Parlamento. Sin embargo, aparte de que el propio gobierno lo ignora y actúa a base de decretos-leyes, se da el hecho, más que simbólico, de que la oposición real esté en la calle. Cada vez más. Y no por los manejos de las minorías parlamentarias, sino porque nace en ella de modo espontáneo, según los distintos sectores sociales articulan su respuesta ante los ataques que reciben por las políticas restrictivas del gobierno.
Un inciso respecto a las políticas restrictivas. Son más que eso. Son una verdadera contrarrevolución o, cuando menos, involución en materia de educación, derechos de las mujeres, de las minorías en general, laicismo, derechos de los trabajadores, justicia social, servicios públicos. Quieren una España más ignorante, más sumisa, más religiosa, pobre y obediente. Y a callar, o a ver TVE que viene a ser lo mismo.
La polarización se ha agudizado en los últimos días. El gobierno pretendía extremar la dureza de sus ajustes privando a los parados de larga duración del subsidio de 400€. Todo el mundo le avisó de la posibilidad de un estallido social y por fin lo hubo, de alcance limitado, pero como la chispa que puede prender el fuego. Como decía Sánchez Gordillo, Les hemos metido el miedo en el cuerpo. En efecto, así ha sido.
Y ¿por qué había de asustarse tanto el gobierno por una especie de pequeño motín mujy disciplinado, nada comparable a las banlieus francesas, ahora mismo en Amiens, por ejemplo? Porque trae información en la recámara. Sabe que, a partir del 1º de septiembre, cuando entre en vigor el alza del IVA, todo se encarecerá mucho y la gente tendrá que salir adelante pagando más con menos ingresos, cosa que no va a contribuir a la paz social.
Por otro lado, la derecha tampoco da cuartel en los otros aspectos de la vida, la educación (ya prácticamente sometida al Concilio de Trento), la sanidad, empobrecida y en vía de extinción, la igualdad de derechos con independencia de la opción sexual de cada cual (¡cómo se resiste a morir el viejo desorden!), el aborto.
El aborto, cómo no. La bestia negra de la iglesia católica, lo que fomenta el radicalismo de los grupos provida que, a veces, reivindican su objetivo a bombazos, la raya de lo tolerable, la condena eterna, la maldición divina.
De tal modo obnubila el juicio de la derecha el aborto que hasta personas ecuánimes pierden el oremus al enfrentársele. El magistrado Ollero, miembro del Opus Dei y ex-diputado del PP (el partido que presenta el recurso ahora pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional) no cree que deba inhibirse de entender en la causa. A Palinuro los dos datos se le antojan causa bastante de inhibición si no a instancia de parte, de oficio. Cree Palinuro que la pertenencia a sectas religiosas no es compatible con la condición de magistrado. Naturalmente, el punto fuerte del argumento es si el Opus es o no una secta. Palinuro así lo cree pero, no queriendo derivar el asunto a una controversia colateral, se aferra a la idea de que el hecho de ser antiabortista militante en el seno del partido cuyo recurso está por resolverse es motivo de inhibición.
Ollero no puede aducir una sola razón en favor de seguir entendiendo en la causa, salvo el acto de fe de que un antiabortista militante va a mutar en un juez ecuánime e imparcial en asunto de aborto porque sí. Es más, que Ollero haya intentado curarse en salud afirmando que no ve razones para inhibirse demuestra a las claras que las hay y son muy poderosas; la primera de todas que eso no se hace por elegancia. Ollero falta a todas las normas de la cortesía procesal cuando, ante el surgimiento de la más mínima sombra de duda (y esto no es una sombra sino una tiniebla) debiera haber delegado en sus colegas de sala la decisión sobre si convenía que se inhibiera o no. No lo ha hecho lamentablemente. Pero, antes de embarcarnos en otra interminable cuestión llena de sofismas, hay un modo por el que Ollero puede fortalecer algo su muy debilitada posición: que consulte a los otros magistrados de la sala si creen que debe seguir o inhibirse. Si no lo hace, la sentencia del Tribunal, de producirse en estos términos será particularmente nociva, cuanto que no cabe recurso contra ella. Lo que salga del Constitucional será el aborto de ahora en adelante en España. Por eso debe inhibirse el magistrado Ollero. No puede juzgar como juez lo que defendió como político.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
