La ya legendaria trama Gürtel, cuyas ramificaciones son más frondosas cada día que pasa, parece haber sido la más potente forma de delincuencia organizada en los últimos años, con participación de empresarios sin escrúpulos, funcionarios y cargos electos del PP presuntamente corruptos. Una especie de mafia dedicada a esquilmar los dineros públicos cada vez que se movían. La reaparición de Francisco Camps, el de los trajes impagos, quien supuestamente se valió de Urdangarín como pantalla para trajinarse los euros a millones, reorienta las andanzas del duque de Palma hacia la ciénaga gürteliana en la que éste corre peligro de quedar sepultado.
Los últimos acontecimientos, el retorno a la condición de procesado imputado de Carlos Fabra (cuyos supuestos delitos no han prescrito), la inmediata comparecencia de Camps en la causa por cohecho impropio y las nuevas revelaciones sobre los posibles chanchullos de la Generalitat valenciana bajo su mandato, hacen inexcusable que el PP afronte sus responsabilidades con ese nuevo código de buenas prácticas que, no bien se publicó, cayó en desuso. No es aceptable que ningún político procesado en causa penal ostente cargo público alguno. Fabra, Camps y todos los que, en su situación, tengan responsabilidades oficiales deben abandonarlas ipso facto. De no ser así, el PP acabará siendo corresponsable de sus posibles fechorías a ojos de la opinión pública.
Pero el daño mayor de la presunta implicación de Urdangarín en este fenomenal contubernio de corrupción, expolio, despilfarro y malversación lo sufre y lo sufrirá la monarquía española. He leído a algunos expertos afirmar que la Corona no tiene que temer daño alguno, que no hay implicación de hecho en nada delictivo, que el asunto afecta personalmente a Urdangarín y otras interpertaciones de exoneración que carecen de valor porque no hacen al caso. Si hay o no implicaciones directas de la Casa Real (por ejemplo, la infanta Cristina) en las presuntas ilegalidades del yerno del Rey es cosa que los tribunales determinarán en su día pero, para entonces, el daño estará ya hecho.
La Corona carece de poder real; su importancia, fundamental por lo demás, es meramente simbólica. Y lo simbólico se mueve por reglas distintas a las procesales. El Rey ennobleció a Urdangarín haciéndolo duque y el duque, según parece, aprovechó su ducado y el nombre del Rey para enriquecerse por medios fraudulentos a toda velocidad pero no tanta que al jefe de la Casa Real no le diera tiempo a indagar por el origen de los ingresos de su yerno que le permitieron comprar un buen puñado de inmuebles, incluido un palacete en Barcelona en dos o tres años.
Los partidarios de la monarquía, de la dinastía, del Rey, afirman que nada de lo sucedido afecta a la institución, pero no es eso lo que piensan los ciudadanos cuya valoración de la Corona es cada día más baja y hasta hoy se sitúa por debajo del suspenso. No quiero ni imaginar en dónde estará cuando se les vuelva a preguntar. Es comprensible que esos monárquicos, de izquierda o de derecha, socialistas o populares, traten de evitar al país el inevitable trastorno que se seguiría del fin de la monarquía.
Comprensible pero no justificable. Esa monarquía fue instaurada por Franco y es lógico pensar que hereda la falta de legitimidad y de ética cívica que caracterizó a aquella dictadura. Es un baldón de origen que se refuerza con el comportamiento de sus allegados. La República nunca ha tenido ocasión de demostrar su superior legitimidad. Y es hora de que la tenga.
