En España todas las elecciones son generales, no en cuanto a su ámbito territorial pero sí en cuanto a los asuntos que se debaten. Trátese de elecciones municipales, autonómicas o, cuando toca, europeas, de lo que se habla es de la política nacional. Sin duda los presidentes autonómicos, o candidatos, y los alcaldes o aspirantes hablarán de infraestructuras, riegos, limpieza, parques, escuelas. Pero, al hacerse acompañar siempre que pueden por algún dirigente nacional, los focos se van a éste/a que, normalmente, bastante tiene con saber en qué provincia está y habla del Gobierno; bien, si pertenece a él y mal, si no pertenece. Es una ley de hierro.
Si no es por activa, es por pasiva. Los acontecimientos más noticiables, los que hacen titulares, son los nacionales que tienen incidencia directa en los ámbitos subnacionales. Por ejemplo, habiéndose inhibido el juez Pedreira, que instruía la rama valenciana de la Gürtel, en favor del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV), éste ha puesto en marcha el procedimiento para imputar formalmente a varios miembros de la cúpula del PP en la Comunidad Valenciana, algunos de los cuales, nueve o diez, son candidatos en las listas de este partido. De forma que ahora no está clara la sucesión de hechos probables: si Camps será presidente y luego comparecerá como imputado ante el juez o si primero comparece ante el juez y luego es elegido presidente de la Comunidad. Sea cual sea el orden, el producto no quedará alterado: si los valencianos eligen a Camps, eligen a un presidente al que el TSJPV puede inhabilitar para ejercicio de cargo público, por lo menos. Es una perspectiva razonable y, al mismo tiempo, irracional. Resulta inverosímil que el electorado no decida ahorrarse ese trago, ya que, al parecer, a Camps le trae sin cuidado.
El otro asunto, con el que se pretende tapar la Gürtel, es la legalización de Bildu. Alguien de buena fe podría pensar que, pues se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, no hay más que decir. Pero la buena fe es un mal adobo para pensar. De inmediato el PP se ha convertido en una ametralladora de disparates y barbaridades de todo tipo. El inevitable Mayor Oreja, cuya afición al infundio es parecida a la del rumiante a lo verde, y con la misma parsimonia, dice que la legalización de Bildu es una "mala noticia" y es lógico que a él se lo parezca. Pero también dice que el responsable de la legalización es el Gobierno, lo que da una idea de lo que este buen señor entiende por división de poderes. Debe de ser que en sus tiempos de ministro esto de que los gobernantes digan a los jueces lo que tienen que hacer era práctica común.
Escuché ayer a uno de esos periodistas que practican el intrusismo profesional del que luego se quejan, autotitulándose analistas políticos y que muchas veces no saben de qué hablan, subrayando la importancia especial del voto negativo del magistrado progresista Aragón Reyes porque era el único constitucionalista del Tribunal siendo así que Pérez Tremps, quien votó que sí, también lo es. Otra de las analistas políticas hacía de menos el Constitucional frente al Supremo porque no es un órgano judicial, sin saber que es un órgano jurisdiccional y tiene la jurisdicción que el legislador le ha dado, entre otras cosas revisar las decisiones del Supremo cuando sea debidamente instado a ello y haya lugar. Obviamente en ambos casos de lo que se trataba era de deslegitimar el fallo por mayoría del Constitucional, como se ve, sin tener ni idea. No importa, la cuestión es soltarla y cobrar. Por eso tienen estos debates el nivel que tienen.
A su vez, los políticos, que no están obligados, al parecer, a fundamentar lo que dicen, recurrieron al fuego graneado de barbaridades. Soraya Sáez de Santamaría duda de la lealtad constitucional de los magistrados del Constitucional que votan lo que a ella no le gusta. Y González Pons, cuyo afable rostro no prepara en absoluto para la ruindad de sus propósitos, atribuye el voto sí al hecho de que los magistrados se sientan seguros porque llevan escolta. Así de guapos quedan los jueces: son unos lacayos del gobierno, unos desleales y unos cobardes. Y este es el partido de la derecha, puntal de la ley y el orden.
Donde hay patrón no manda marinero, así que tercia el mando con Aguirre a la cabeza, para quien es obvio que si ETA/Bildu está en las instituciones es porque los socialistas han querido, equiparando en su esquinado modo a los seis réprobos progres con militantes del PSOE. Rajoy no puede permitir que Aguirre le coma el terreno retórico de forma que ahonda en el disparate dejando claro que la legalización de Bildu significa que el Gobierno se ha entregado a ETA. Menos mal que ninguno se cree estos dislates y si los sueltan es porque piensan que el pueblo al que en el fondo desprecian, sólo entiende el trazo grueso. Y el trazo grueso, a su vez, está para ocultar la Gürtel, que no se hable de ella, que no se sepa que un buen puñado de cargos del PP lleva años esquilmando los fondos públicos. Pero es inevitable: la Gürtel seguirá creciendo, como el cadáver de la obra de Ionesco y no se puede ocultar ni aunque a algún estratega de la derecha se le ocurra apagar el fuego con una explosión diciendo, por ejemplo, que sabe de buena tinta que las reuniones del Consejo de Ministros las preside Josu Ternera. Eso se llama política creativa.
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