Da la impresión de que el caso de la activista no violenta saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre en España porque, según dice, los españoles no le permiten regresar a El Aiun, acabará convirtiéndose en uno de esos líos de cuestiones exteriores (como el Alakrana, aunque en proporciones distintas) en que el Gobierno español tiene la rara habilidad de meterse sin saber luego cómo salir.
Nadie parece explicarse cómo pudo la señora Haidar entrar en España y nadie parece entender cuál es ahora su condición legal puesto que oficialmente tiene la nacionalidad de Marruecos, país que la expulsó a España, ella misma dice que su nacionalidad es la saharaui que no tiene efectos legales pero sí debiera tener alguno moral a oídos de los españoles y posee una tarjeta de residente que la faculta para estar en nuestro país pero no para entrar o salir de él. Por último y para complicar las cosas, habrá quien diga que, pues nació en 1967, cuando el Sahara pertenecía aún a España, país que lo abandonó vergonzosamente en 1975 sin atender a sus obligaciones con la población, sigue siendo española.
Sea marroquí, saharaui o española, desde el momento en que no está ilegalmente en España, según reconocen las autoridades, tendrá libertad de movimientos y uno de estos, el preferido por ella, parece ser retornar a El Aaiun. Pues no se hable más: las autoridades deben permitirle embarcar en un vuelo directo a la antigua capital de la colonia y vigilar porque desembarque con seguridad.
Otrosí, el ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno deben explicar por qué han recibido sin más a una ciudadana teóricamente marroquí a quien las autoridades marroquíes, en violación de derechos humanos fundamentales, han privado de su nacionalidad y expulsado -y eso sí que es ilegal- de su propio país.
(La imagen es una foto de Saharauiak, bajo licencia de Creative Commons).
