Hoy trato el asunto de la ilegalización de la candidatura Iniciativa Internacionalista en un artículo en Público, titulado Una ilegalización compleja en el que defiendo que dicha ilegalización es lógica en tanto los componentes de la candidatura se obstinen en no cumplir la Ley de Partidos, y que en España no se ilegalizan ideas (como sostienen falsamente quienes critican la ilegalización) sino comportamientos y hechos delictivos.
Ayer fue un día frenético en las redacciones de los diarios. Después de la ilegalización hubo la acostumbrada oleada de reacciones en pro y en contra. Ambas destilaban pasión; las primeras de alegría y las segundas, de ira. Pero la coalición estaba ilegalizada por decisión del Tribunal Supremo e ilegalizada iba a quedarse. Entonces, al final de la jornada, empezó a rumorearse que la coalición iba a condenar el uso de la violencia para conseguir fines políticos, iba a condenar a ETA; en definitiva, iba a cumplir la Ley de Partidos que es la condición que los independentistas se han negado a aceptar en diez ocasiones. Los alientos se contuvieron y, en efecto, por la noche llegó el comunicado de Iniciativa Internacionalista condenando taxativamente la violencia. Algo muy de felicitarse. El articulo mencionado más arriba ya recoge este giro de los independentistas y se felicita por él, formulando el deseo de que ojalá surta efectos políticos y jurídicos.
Porque ese es el problema ahora. Obviamente, los estrategas de Iniciativa podían haberlo pensado antes y no dejar que las cosas se pudrieran hasta la ilegalización del Tribunal Supremo. La explicación probablemente es que, en el fondo, no creyeron que el alto tribunal fuera a excluirlos y, al encontrarse con que sí lo hacía, tuvieron que improvisar un plan B a fin de no quedarse fuera de las instituciones, y que incluía los términos que hemos citado. Pero el hecho es que el fallo del Tribunal Supremo ilegalizando la formación es ya firme y el Tribunal Constitucional no puede hacer nada contra eso dado que las decisiones firmes del Supremo son para él "cosa juzgada", intangible. Algo distinto es que quepa el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales que la candidatura ha interpuesto. En apoyo de esta queja viene la feliz decisión de condenar la violencia, que supone un giro de 180 grados en la actitud de Batasuna y los suyos. Pero la cuestión es si el Tribunal Constitucional puede otorgar el amparo cuando la supuesta vulneración que se aduce tendría que haberse producido no para llegar al fallo del Supremo sino después de dicho fallo, lo que se entendería, porque así sería, como un fraude de ley.
Ahora bien, la importancia de que los independentistas radicales hayan renunciado a la violencia abre tal cantidad de perspectivas que sería muy importante que se encontrara una fórmula política para conseguir que su candidatura estuviera presente en las elecciones del siete de junio. Sería la prueba de que en España no se ilegalizan ideas sino conductas, daría una imagen de normalidad a la vida política, demostraría que los demócratas somos magnánimos y si a la condena de la violencia siguiera la desaparición de ETA, quienes defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos en España podríamos volver a argumentar nuestra posición sin riesgo de que se nos confundiera con asesinos. Pero todo ello depende de que el Tribunal Constitucional decida otorgar el amparo. Y eso no puede prejuzgarse.
