No voy a hablar del concepto abstracto de justicia, tampoco de su concepto puro si existe, ni de la idea platónica de justicia, de la justicia como virtud cardinal o como ideal utópico. Acerca de eso lo sabemos todo en España y estamos al cabo de la calle. Los españoles somos justos, magnánimos y caritativos, al menos es la opinión en que nos tenemos a nosotros mismos.
Hablo aquí de eso que suele llamarse "administración de justicia" un término algo desconcertante porque da la impresión de que la Justicia es algo que quepa "administrar", como la lotería. En realidad se trata de la aplicación práctica de la justicia, de la actuación de las gentes que la representan y forman parte de ella; de la justicia como vivencia cotidiana del ciudadano en la calle cuando ha de habérselas con jueces, abogados, pleitos, recursos, fiscales, sobreseimientos y mil experiencias más que le alegran o amargan la existencia.
Hace unos días los jueces y magistrados fueron a la huelga y parece que hay otros que tienen previsto ponerse en tal situación el próximo mes de junio. Pues menos mal que ese plazo no depende de un proceso judicial civil o penal; si así fuese a lo mejor su señoría convocaba la huelga para el mes de junio de 2011.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces encontróse de pronto en ridícula situación de irrelevancia: los jueces se le sublevan en huelga pero el CGPJ no puede hacer nada porque carece de base legal para ello. Para una vez que tiene algo que hacer carece de protocolo para hacerlo ya que nadie sabe si los jueces tienen derecho de huelga o no. Curándose en salud el CGPJ dictamina unos días después que los jueces no tienen tal derecho. Y no es solamente que sea incomprensible cómo han llegado los ilustres consejeros a tal conclusión sino que el dictamen en sí mismo, diga lo que diga, es irrelevante, carece de vigor y todo lo más podría aceptarse como un dictamen consultivo por quien quisiera tomarse la molestia de saber qué opina un órgano como el CGPJ. La pregunta es: estos señores del CGPJ ¿desconocen sus competencias o deciden ignorarlas porque sí?
A su vez los jueces van a la huelga por motivos poco elegantes y fuertemente corporativos y acaban soliviantando en su contra a la opinión pública porque lo ùnico que ésta ha visto es que el CGPJ ha impuesto una pena ridículamente baja a un juez cuya falta de celo fue causa indirecta de que una niña muriera por una agresión de alguien de debería haber estado entre rejas.
Subiéndose al carro de esta irritación el señor ministro de Justicia, hombre temperamental, de modos algo chusqueros, dice que prohibirá por ley a los jueces la huelga. La verdad, dudo mucho de que el ministro haya soltado semejante baladronada (las leyes no las hacen los ministros sino los parlamentos, aunque la iniciativa suela ser ministerial) y si lo ha hecho, pues en efecto, da con ello un motivo más para pedir su dimisión, como hoy pide Palinuro en su artículo de Público, titulado ¿Por qué no dimite Bermejo? Aparte de ello, lo que pueda pensar el CGPJ en este y otros asuntos puede verse en las declaraciones de su vicepresidente, señor De Rosa que reproduce al pie de la letra las argumentaciones del PP como si fueran un catecismo: 1) el juez Garzón debe inhibirse o estará prevaricando; 2) Hay una cacería en contra del PP pues no existen imputaciones sino simples suposiciones; y 3) el señor Camps es de una honradz acrisolada. Estas declaraciones ¿son de recibo? El angelical señor Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo ¿va a dejarlas estar? ¿Cómo puede ser vicepresidente de nada un hombre que se apresura a proclamar la inocencia de otro a pesar de que sobre él pesan sospechas de la fiscalía anticorrupción y se instruye un proceso penal? ¿Quiere decir que los ciudadanos debemos fiarnos más en materia de justicia de lo que diga un partido que de lo que diga un fiscal?
El propio señor Camps ha salido gallardamente al paso de la noticia de que podría ser imputado en el proceso de corrupción con un bravío "¡A mí la legión!", repitiendo la doctrina de que hay una conjura contra el PP ("no es a mí a quien atacan", decía Franco, "es a España") y recordando, entre otros datos perfectamente irrelevantes que es muy querido por el pueblo porque gana elecciones. También a Barrabás el pueblo lo quería tanto que lo absolvió por unanimidad para condenar a Cristo y no por elló dejaba de ser Barrabás.
En la línea con todo lo anterior, el PP ha puesto cerco al juez Garzón y piensa actuar asimismo en contra de la fiscalía. A Garzón le anuncia que si el lunes no se inhibe procederá contra él por prevaricación. Asiste al PP en este caso, supongo, la competencia técnica en la materia del juez Gómez de Liaño, condenado en firme por prevaricación él mismo, quien al parecer explica en un artículo en El Mundo por qué la instrucción de Garzón no es admisible. Heavy, ¿eh? Very heavy.
Ignoro si el patatús que ha dado al juez Garzón se debe a la tensión nerviosa a que está sometido estos días o a la mala conciencia que se la ha creado por andar por ahí matando ciervos que qué culpa tendrán. En todo caso, Palinuro hace votos por su presta recuperación para que siga este zoco insólito de la justicia española con el macroproceso por corrupción del PP.
Pasen señores y vean, que ya empieza a hablarse de posible participación en la trama del despacho del ex-ministro Michavila y de la implicación de otros altos cargos del PP. Todo filtraciones sumariales que tienen al partido que echa las muelas, habiéndosele borrado de la memoria cómo se beneficiaba él cuando las filtraciones sistemáticas al diario El Mundo perjudicaban al PSOE; actitud conocida como "ley del embudo".
(La imagen es una foto de John Linwood, bajo licencia de Creative Commons).
