Celebro muy mucho que el señor Rajoy haya rectificado su actitud y la de su partido en relación con el Gobierno y la lucha antiterrorista aplaudiendo la lucha del Gobierno contra ETA y lo celebro aunque el que hable de rectificar sea él que sostiene que "cuando el Gobierno rectifica nos encuentra", forma falaz de poner el asunto. Para cuando la rectificación verdadera, la del señor Rajoy, se produjo ya tenía escrita mi entrada de hoy pensando en un PP que no es leal ni colabora en los asuntos de Estado. Por eso mismo la dejo y ruego al lector la entienda como lo haría en el supuesto de que el señor Rajoy, insisto, no hubiera rectificado. Porque es él quien ha rectificado y eso, curiosamente, le hará subir en el aprecio popular, aunque la señora Aguirre, que todo lo fía a la confrontación agresiva, no se lo crea.
Ya retorna el PP por la querencia; ya vuelve a usar la lucha antiterrorista como arma partidista. Es tan sorprendente que debe de ser algo genético ya que de otro modo no se explica. En mitad de una crisis económica que está castigando duramente a la ciudadanía y que el Gobierno no gestiona especialmente bien, la derecha decide que la oposición ha de hacerse en el terreno de la lucha antiterrorista. Después de presumir con saber lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos (y que jamás es la política del Gobierno) ahora resulta que lo que interesa a los ciudadanos no es la crisis, no el paro, no la inseguridad y la falta de consumo sino el hecho de si el Gobierno despacha o no a la organización Acción Nacionalista Vasca (ANV) de los ayuntamientos en que gobierna en el País Vasco.
Basta con oír a la señora Aguirre, al señor Arenas y, cómo no, al señor Rajoy diciendo los primeros que el Gobierno pretende negociar de nuevo con ETA (a pesar de que el Gobierno lo niega) y el segundo que si no se expulsa a ANV de los ayuntamientos, probablemente se esté haciendo algo peor: ciertamente, negociar con ETA.
La derecha pretende que el Gobierno disuelva los ayuntamientos de ANV por vía del decreto-ley que prevé la vigente Ley de Régimen Local (art. 61,1)), pero no puede ignorar que esa misma ley exige a continuación (art. 61,2) que los motivos que den las corporaciones locales para la disolución por decreto-ley se produzcan "de forma reiterada y grave", que no es el caso. Dicen entonces los señores del PP que hay que cambiar la ley, lo cual es una forma sui generis de entender el principio de legalidad del Estado de derecho; más o menos así: aplico la ley si me conviene y si no me conviene la cambio.
Pero vamos a ver, que no hay que ser ingenuos. El problema no es jurídico: es político disfrazado de jurídico. El PP no puede soportar la idea de que ETA se termine bajo mandato socialista, lo que quiere decir que saluda cada nuevo triunfo de las fuerzas de seguridad del Estado y cada nuevo quebranto de la banda armada con un torrente de invectivas, de sospechas, de deslegitimación y de desunión entre las fuerzas democráticas. Es decir, tiene un comportamiento desleal y felón.
Porque, sean cuales sean las circunstancias, el régimen democrático requiere unidad en asuntos de Estado y la lucha contra el terrorismo es el primero de ellos. Unidad quiere decir que la política antiterrorista la hace el Gobierno y cuenta con el apoyo de la oposición incluso si aquel se equivoca pues ese es asunto que decidirán los ciudadanos en las elecciones. Lo que no puede ser y esto no es tan difícil de entender, incluso para la señora Aguirre, es que la oposición pretenda dictar lo que hay que hacer o no hacer en materia terrorista, que la política antiterrorista la haga la oposición porque si está en la oposición se debe a que los ciudadanos no quisieron que se aplicasen sus políticas. ¿Acaso no es evidente?
(La imagen es una portada de un Zutik de ETA. Interesante caso de simbolismo iconográfico de la violencia. ¿Por qué sabemos que el pollo con el fusil ametrallador es un gudari de ETA y no un fedayín o un guerrillero talibán o un zapatista? Bingo; por la txapela, clave definitoria de lo vasco).
