El juez Baltasar Garzón ha dictado nuevas providencias reclamando bien información más precisa a los organismos a los que ya se la había solicitado y le habían contestado, bien recordando el deber de colaborar con la justicia a aquellos otros que, como la Conferencia Episcopal Española, se llamaron andana, lavándose las manos como Pilatos y sosteniendo que el asunto no era de su incumbencia. Es intolerable que los curas que han beatificado a cientos de sus caídos en la contienda se nieguen a colaborar para encontrar a los asesinados por los suyos, enterrados en lugares ignotos. En verdad es gente sin piedad y sin compasión y si por algo deseo que exista ese cielo e infierno en cuyo nombre cometen sus tropelías es por verlos llorando y crujiendo los dientes por toda la eternidad por crueles y desalmados.
Ruego a quien piense que exagero que medite sobre este párrafo extraído de El País de ayer:
"Se solicita también información sobre el fondo documental del Auxilio Social -el patronato encargado de rescatar para la dictadura a miles de hijos de republicanos que fueron dados en adopción a familias adeptas al régimen- para conocer más sobre los progenitores fallecidos o desaparecidos de esos menores.
Se le revuelven a uno las entrañas. Los franquistas cometieron con miles de niños la misma canallada que la dictadura argentina de los Galtieri, Videla y demás basura humana. Los franquistas, el auxilio social, los curas, los católicos, los que se pasan el día hablando de la caridad, el perdón, los valores de la familia, el amor filial, la paternidad. Aquella pandilla de delincuentes condenó a miles de niños a vivir unas existencias falsas con padres que no eran los suyos, a ignorar todo de los verdaderos, empezando por el hecho de que habían sido asesinados. El baldón que cae sobre la Iglesia católica española es inconmensurable y no hay que permitir a sus ladinos monseñores escurrir una vez más el bulto. Tienen que colaborar con la justicia para sacar a la luz los restos de quienes, además de morir asesinados, perdieron la posibilidad de que sus descendientes los buscaran.
No se trata de que aquellos granujas o sus herederos espirituales pidan perdón, cosa en la que son especialistas con la boca chica. Se trata de que cumplan con su deber y presten toda su colaboración a la justicia hoy representada muy dignamente en la persona del juez Garzón.
Porque es claro que no hay artimañas ni argucias que sirvan en esta situación, que no puede haber excusas por razón alguna, sea de tiempo, oportunidad o principio, para atender a la obligación que tenemos como colectividad, como sociedad, de dar halladas a las víctimas de los asesinatos (el señor Garzón insta también el conocimiento de las del lado republicano y hace muy bien) para devolvérselas a sus familiares incluso aunque haya que encontrarlos entre quienes han vivido toda su vida engañados e ignoraban que eran hijos de personas asesinadas.
Por eso mismo es incomprensible que haya quien en la izquierda se oponga al cumplimiento de este elemental deber de humanidad que tenemos los españoles. Al parecer el señor Leguina, a quien tengo en gran estima por otros conceptos, ha publicado un artículo acusando al señor Garzón de ignorar la ley por pretender encontrar a las personas asesinadas por los franquistas y enterradas de cualquier modo en fosas comunes. No me parece que el señor Garzón ignore ley alguna sino que al contrario tiene la valentía de aplicar las que hay como debe hacerlo. Sí me parece en cambio que el señor Leguina ignora un deber de humanidad elemental, cosa que sólo puedo atribuir a un estado de irritación o enajenación pasajeros.
En ese espíritu del deber de encontrar a los represaliados, torturados, asesinados y hechos desaparecer que se está convirtiendo en una exigencia colectiva española imparable se dan momentos bellos, con manifestaciones de gran humanidad y sentimiento con las que todos, si las escuchamos, mejoraremos mucho. La última el conmovedor artículo que publicaba ayer en El País el escritor Julio Llamazares, titulado La perserverancia de los desaparecidos.
Hasta hace un par de años, hasta su fallecimiento, mantuve correspondencia y trato frecuente con una anciana hija de un alcalde socialista de un pueblito de Toledo a quien los fascistas fusilaron un amanecer cuando tomaron el lugar, tras torturarlo durante toda la noche anterior, enterrándolo en algún lugar desconocido. Antes de matarlo le dejaron escribir dos cartas, una a su madre y otra a su esposa. Mi anciana amiga conservaba una de ellas, ya no recuerdo cual, la había enmarcado y la tenía en su casa, bien visible en una pared. Aquella mujer vivió toda su vida con la ilusión de encontrar algún día los restos de su padre cuya carta se sabía de memoria.
¿Cómo es posible invocar "razones" de oportunidad o conveniencia para no cumplir con nuestro deber de encontrar a todos los desaparecidos?¿Cómo es posible no estar dispuesto a remover la tierra de España entera para encontrar los restos del padre de mi anciana amiga para que sus familiares los depositen junto a los suyos?
(La imagen es una foto de Wessex Archeology, bajo licencia de Creative Commons).
