La señora ministra de la Vivienda, doña Beatriz Corredor, lleva tres meses haciendo declaraciones y anunciando medidas sobre la crisis inmobiliaria. En todas ellas se daba a entender que el Gobierno está muy preocupado por el desastre del mercado de la construcción residencial y que piensa intervenir pero nunca quedaba claro quién pagaría los platos rotos del desaguisado. Hay pocas dudas de que, en lo esencial, éste proviene de la irrefrenable codicia de las empresas del ladrillo que, muy inteligentemente, han puesto los precios fuera del alcance de los bolsillos de la gente y ahora se encuentran con un stock de viviendas sin vender que están ahogándolas. A tenor de lo que la Ministra decía se colegía que el Gobierno pretendía acudir en auxilio de los empresarios para que no tuvieran que bajar los precios mediante dos mecanismos. Uno consistía en sacar al mercado las viviendas no vendidas como viviendas de protección oficial (VPOs) pero sin explicar quién abonaría la diferencia entre el precio que los ladrilleros pedían y los de las VPOs y sugiriendo que serían los poderes públicos. El otro era aprontar trescientos millones de euros para comprar suelo a las inmobiliarias para afectarlo luego a construir VPOs y siempre sin aclarar a qué precio se compraría dicho suelo.
Ayer la citada ministra tuvo el detalle de publicar un artículo en El País titulado Con el suelo público no basta en el que pretende aclarar ambos extremos. Muchas gracias, señora Corredor.
¿Lo ha conseguido? Veamos: en lo que respecta a la primera ambigüedad parece que sí por cuanto propone acometer la crisis permitiendo que las viviendas no vendidas "se califiquen como de protección oficial si llevan un año terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios máximos determinados por el módulo de la vivienda protegida. Porque la obligación del Estado es ayudar a los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero público los beneficios privados. Éste es, a juicio del Gobierno, el límite al que el Estado puede llegar. Ir más allá, utilizando el dinero público para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entenderían." Me parece que está claro: quiere decir que los ladrilleros pueden vender el stock bajando los precios, que es de lo que se trata sin que los poderes públicos (o sea, todos nosotros) tengamos que pechar con el lucro cesante. Le tomo la palabra.
En el segundo asunto la Ministra también aclara pero subsiste una duda. Es verdad que, como ha señalado mucha gente, incluido el vicepresidente señor Solbes, trescientos millones de euros es una cantidad casi simbólica en comparación con la deuda de las inmobiliarias pero, aun así, los ciudadanos no tenemos por qué pagar los abusos de los ladrilleros ni simbólicamente. Dice la señora Ministra que con el suelo público no basta. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Se trata de un cálculo a plazo y, visto lo visto, nada obliga a creer que los cálculos del Gobierno sean ciertos. ¿Por qué no esperar a ver si las VPOs que de verdad se construyan sobrepasan las disponibilidades del suelo público? De todas formas, otro párrafo del artículo también tranquiliza al respecto puesto que la Ministra asegura que los poderes públicos comprarán el suelo que más se ajuste a sus planes "y además, adquiriéndolo a precio de vivienda protegida", es decir, a precio inferior al del mercado fijado por los especuladores del ladrillo. Siendo esto así, tampoco hay gran cosa que objetar, sino agradecer a la Ministra que haya dado las explicaciones pertinentes para aclarar las intenciones de un Gobierno de izquierda que parecía de derecha y de derecha ladrillera.
(La ilustración es un dibujo de Odilon Redon, "La armadura", de 1891).
