El caso es que estoy sin conexión a la red en casa. El asunto se cuenta en dos instantes: una mañana cualquiera de la semana pasada llama un operario de la compañía contando que nos ofrecen una "promoción" exclusiva, bla, bla, bla para aumentar nuestra velocidad de conexión de 4 MB a 10 por un módico sobreprecio de cuatro euros mensuales. Se le dice que no. Cuelga. Cuatro días después, llega un router nuevo de telefónica a casa (lo de llega es un decir; lo trae una empresa de mensajería que nos está toreando dos días) que deposito con unción religiosa en una mesa para cuando haya que devolverlo; otros cuatro días después, no hay acceso a la red. Llamo a un 902 (sí, esos de pago donde te tienen esperando eones mientras soportas músicas indescriptibles, se repite un mensaje de que esperes y se llenan los bolsillos con tu dinero) y me explican que como he pedido la "promoción" a los 10 MB, se están haciendo los pertinentes arreglos. Digo que en su día rechazamos la tal promoción y la persona del 902 me pasa con un "técnico" de malos modos. El tal técnico se hace cargo de la incongruencia de que quieran meterme una "promoción" en contra de mi voluntad y añade de su cosecha que, además, aunque la quisiera, no la tendría porque la zona en la que vivo carece de cobertura para hacerla. O sea, no tengo "promoción" ni línea. Resultado: En cuarenta y ocho horas tendré, dicen, restablecida mi conexión anterior.
¿A que es genial? Por supuesto, todos los inconvenientes, gastos, costes ocasionados por esta pandilla de incompetentes y abusones tiene que pagarlos el cliente, en este caso, un servidor que está aporreando el teclado en un bendito work center en Madrid a donde he tenido que trasladarme a trabajar, mirar el correo, subir mis posts, preparar mis trabajos, etc.
Cuando se privatizaron estas compañías antes públicas se dijo que se beneficiarían los consumidores porque la libre competencia siempre tiene esos resultados. Fue una de las habituales mentiras del neoliberalismo: Telefónica sigue siendo un monopolio de hecho. Las compañías de la competencia tienen que lidiar con una situación de inferioridad y abuso pues aquella es propietaria de la red. En verdad esa sí que sería una labor necesaria del Parlamento: estudiar esta situación, recuperar por ley las instalaciones e infraestructuras para el Estado y hacer que Telefónica estuviera de verdad en igualdad de condiciones con sus competidores. Así sí se terminarían estos abusos de una vez por todas. En caso contrario la compañía seguirá aprovechándose de su situación de privilegio en detrimento de sus clientes.
