Como casi siempre en España la actualidad política está dominada por las dos Comunidades Autónomas (CCAA) más díscolas, Cataluña y el País Vasco. Un topicazo muy al uso quiere que haya diferencias entre ambas de forma que mientras los catalanes aparecen como peseteros (habrá que empezar a decir ya "eureros"), los vascos sientan plaza de esencialistas; mientras a los primeros sólo les interesa la pasta, los segundos tienen el orgullo de la raza. En consecuencia, se dice, el señor Montilla, presidente de la Generalitat, quiere negociar una reforma de la financiación catalana mientras que el señor Ibarretxe bajará de los montes a la planicie castellana el día veinte dispuesto a que se reconozca a los vascos su vasquidad decisoria. Pero se trata de eso, de un topicazo y, como todos los topicazos, falso. Los vascos no son "eureros" y sí esencialistas porque ya tienen resuelta la cuestión económica a través de los fueros. Si fuera también ese el caso de los catalanes, estos serían igual de identitarios, etnófilos, esencialistas y pelmas que los vascos.
Hace unos días el señor Felipe González publicaba un artículo en El País, diario ateo, rojo y medio antiespañol, titulado Crisis y prioridades en el que abogaba por aplazar el debate sobre la financiación de las CCAA, cuenta habida de la mala coyuntura económica. Ayer le contestaba el señor Montilla en el mismo medio con otra pieza titulada Falso dilema en el que rechazaba la propuesta del señor González y afirmaba que Cataluña "no puede esperar más" a que se satisfagan sus reclamaciones económicas. En caso de que no se le haga caso el señor Montilla amenazaba con procesos separatistas estilo Lega Nord en Italia o con pedir para Cataluña algo como el concierto vasco. Esto de amenazar con abrirse si no se atiende a sus reclamaciones es muy típico de los nacionalistas vascos y catalanes incluso aunque hayan nacido en Iznájar, provincia de Córdoba, y se trate de un afuereños.
Al margen de tales consideraciones, ¿de qué va la pelea por la financiación de las CCAA en esta echada? En principio el señor Montilla pretende que las cantidades que Cataluña debe aportar en solidaridad con las CCAA más pobres se reduzcan a atender las necesidades en educación, sanidad y seguridad social e igualmente desea que en los factores que toma en consideración el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que determina la financiación autonómica, tenga mayor peso el criterio de la población y se calcule asimismo la emigración, especialmente la inmigración. A ello debe añadirse -y creo que es lo que verdaderamente levanta ronchas en las otras CCAA, incluso las gobernadas por el PSOE- el compromiso establecido en la disposición adicional tercera, 1 del Estatuto de Cataluña de que: "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas. De ahí el empeño de los catalanes de que se hagan públicas las "balanza fiscales" de las CCA. No piden las balanzas para fastidiar al prójimo sino para que haya trasparencia en el cálculo del monto de las dichas inversiones.
En mi modesta opinión, la petición de hacer finalistas los fondos de solidaridad no es legítima ya que daría a las CCAA ricas una especie de derecho de supervisión del gasto de las pobres que no es de recibo.
La de revisar el factor de la población y tomar en consideración la inmigración suena bastante razonable y seguramente se llegará a una actitud por consenso. El problema pueden ser las inversiones. Creo que el Gobierno hará bien aumentando las inversiones en Cataluña para compensar por los ocho años de la incuria y el desgobierno de la derecha, incluida la catalana. Tiene razón el señor Montilla aunque exagere un poco: son urgentes las inversiones en infraestructuras de todo tipo. Se trata de una política no a largo plazo sino a corto y medio y estoy seguro de que el ministerio de Hacienda lo tiene ya todo previsto.
Tampoco goza de buena prensa la idea de las relaciones bilaterales entre Cataluña y el Estado. Eso pasa ya con Navarra y el País Vsco en razón de los fueros ¿a santo de qué hacerlo también con Cataluña? Dejando de lado el hecho de que sea lo que se está haciendo con todas las CCAA, aunque no se diga, lo cierto es que ninguna de ellas salvo el Principado lleva años tratando de entenderse con el Estado español en función del principio medieval de la "aequae principaliter" , lo que merece un respeto.
(La imagen es una foto de Elcancell, bajo licencia de Creative Commons).
